En el grupo de manifestantes que han salido a las calles de las principales ciudades colombianas hay estudiantes, campesinos e indígenas. Pero también hay miles de infiltrados que, de acuerdo con recientes informes de inteligencia militar, pertenecen a las disidencias de las Farc, al ELN y a otros grupos armados organizados.
Lamentablemente, los vándalos aprovechan la presencia de manifestantes pacíficos para ocultarse y para cometer sus fechorías.
Hay casi 600 buses vandalizados hasta la fecha, 175 de ellos totalmente destruidos; 42 estaciones de Transmilenio se encuentran fuera de servicio. Hay 17 peajes vandalizados y 13 totalmente quemados. Hasta ahora van 24 personas muertas y más de 550 capturados. Han atacado, en una sola noche, hasta 25 Comandos de Acción Inmediata CAI.
En uno de esos ataques, que solo se puede calificar como demencial, los vándalos encerraron a un grupo de 15 policías en un CAI y le prendieron fuego para quemarlos vivos. En otro ataque, registrado en un video que ha circulado ampliamente por redes sociales, lanzaron un artefacto incendiario contra un grupo de integrantes del ESMAD, quienes terminaron en llamas.
El capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, director de la Sijín de Soacha, fue asesinado con 10 puñaladas durante las protestas. Cientos de videos muestran los ataques contra los uniformados y dan cuenta de manifestantes armados que disparan contra la Fuerza Pública.
Sin embargo, como parte de esa diabólica estratagema, la ingenua prensa nacional e internacional ha registrado los hechos como una flagrante violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública contra unos manifestantes “indefensos” que han sido víctimas del “terror policial”.
Es evidente que todo estaba cuidadosamente planeado desde hace tiempo. Los CAI han sido atacados de manera sospechosamente simultánea. Circulan videos que muestran grupos de manifestantes haciendo fila para recibir el pago por su participación en los ataques. El Gobierno anuncia pruebas que demostrarán la participación de grupos armados ilegales en las marchas, con generosa financiación del narcotráfico, y posiblemente con apoyo del régimen de Maduro desde Venezuela.
Las denuncias periodísticas, que lograron la reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la ONU condenando a la Policía Colombiana, son una parte de esa estratagema, para inmovilizar a la Fuerza Pública, mientras los violentos la atacan inmisericordemente.
Estamos presenciando algo muy bien planeado, muy bien financiado y con un motivo muy específico: la caída del gobierno de Iván Duque. ¿Quién es el cerebro de todo esto? Hay varias hipótesis. Lo que definitivamente es cierto, es que nunca la mal concebida Reforma Tributaria fue el motivo de la protesta, como lo quisieron mostrar al comienzo. Fue solo una oportuna justificación, ingenuamente creada por Duque en el peor momento posible. Prueba de eso es que hace días el Gobierno retiró la propuesta de Reforma, y las manifestaciones siguieron, incluso más violentas.
Hay que ver a quién favorece la desestabilización del país, para buscar al verdadero culpable. Muchos motivos para las marchas han sido mencionados desordenadamente por algunos manifestantes. Entre ellos están el desempleo, la situación económica del país, el costo de vida, el precio de los combustibles, o la permanencia de Uber en el país. Ninguno de ellos amerita haber destruido las principales ciudades ni haber saqueado e incendiado los almacenes y la infraestructura pública.
Esperamos conocer pronto la verdad detrás de toda esta violencia.
