Hace 14 días, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con sede en Bogotá, fue allanado por agentes de la JEP (Justicia especial de paz). Con la ayuda de un agente de la Procuraduría General, se apoderaron del computador del director del CNMH, profesor Darío Acevedo Carmona, y copiaron su correspondencia electrónica oficial. Examinaron y copiaron, en particular, los mensajes del director Acevedo con Rafael Tamayo, exdirector técnico del Museo de Memoria de las Víctimas. También sondearon los mensajes del Director Acevedo con el Instituto Internacional de Museos, y la correspondencia del actual director técnico del MMV, Fabio Bernal.
Tal operativo duró siete horas. Nadie hizo obstrucción al allanamiento pero el profesor Acevedo sí dejó constancia de su descontento. Darío Acevedo calificó de “arbitrario” ese allanamiento.
Lo más grave es que esa operación fue realizada sin orden judicial válida. Los agentes de la JEP fueron incapaces de decir qué crimen o qué delito habría cometido el director del CNMH para sufrir semejante tratamiento. Los diarios del país guardan hasta hoy un silencio cómplice sobre la extraña operación de la JEP.
El comando dijo que obraba “en cumplimiento del auto AT-008 de 2021”. Sin embargo, ese “auto” carece de validez. El CNMH es un establecimiento público nacional. La JEP no tiene competencia sobre los establecimientos públicos nacionales.
La JEP es una creación del llamado “acuerdo de paz” Santos/Farc de La Habana –que el pueblo colombiano rechazó en el plebiscito de 2016–. Por eso la JEP es cuestionada desde el primer día. La ley 1957 de 2019, que define los objetivos de la JEP, dice que ese organismo “investiga y juzga a los integrantes de las FARC, a los miembros de la Fuerza Pública y a terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia.” También precisa que la JEP conocerá “de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.”
La JEP es, en realidad, un adefesio, una anomalía institucional. Amplios sectores de la opinión piden su abolición. El objetivo real de la JEP, constado por hechos, es impedir que los jefes de las FARC sean sancionados por sus crímenes. La JEP escandalizó a Colombia cuando ayudó a alias Santrich –un jefe de las FARC que había participado en la negociación de los acuerdos Farc/Santos antes de renegar de ellos–, a esquivar un pedido de extradición de Estados Unidos por tráfico de drogas. Gracias a ello, Santrich violó el control judicial y pudo regresar a la clandestinidad, antes de reaparecer en Venezuela a la cabeza de una fracción de las FARC en armas.
El CNMH nada tiene que ver, ni de lejos, con las FARC ni con acciones armadas. Su director no ha participado jamás en el conflicto interno de Colombia.
La JEP intenta violar su propio estatuto fundador para extender su acción abusiva sobre otros sectores, públicos y privados. Desde 2019, emprendió, por ejemplo, una campaña de hostigamiento contra el CNMH porque esa entidad historiográfica, que está al servicio de las víctimas del conflicto, no acepta convertirse en caja de resonancia de la propaganda FARC.
La JEP nunca ha tenido competencia sobre el CNMH. Ni este Centro, ni su director, ni sus funcionarios, han participado en conflicto armado alguno, ni cometido delitos de ninguna índole. Estamos pues ante un nuevo acto ilícito de la JEP que viola tanto la Constitución colombiana como la ley 1957 de 2019 y la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
La JEP piensa abrir un segundo frente de injerencia en el CNMH. Ha dado a entender que examinará los contenidos de “Sanaciones”, una exposición que el CNMH está preparando con ocho pueblos indígenas. Con tales actividades, la JEP pretende destruir la libertad de acción de los directivos del CNMH los cuales deberán pasar, si la JEP no es abolida antes, por la censura previa de la JEP, para que los trabajos del CNMH no develen informaciones sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las FARC a lo largo de los últimos 50 años.
