Vienen de Argentina y se autodenominan “misión de solidaridad internacional con el pueblo colombiano”. En realidad, son especialistas en desinformación e intoxicación de medios. Su actuación es hostil, maliciosa y anticolombiana.
La “solidaridad” que ellos dicen profesar va únicamente hacia los vándalos, pistoleros e incendiarios del paro criminal que dirige el “comité del paro”.
Los cuatro activistas enviados por la secta madurista del Foro de Sao Paulo entraron a Colombia diciendo que eran turistas. Le mintieron a las autoridades y están violando las exigencias de la visa obtenida. Su desempeño, en Cali y otras ciudades, es político: alimentar las granjas de trolls con falsas noticias para la prensa chavista sobre la violencia y devastaciones “pacificas” de abril-mayo.
En todos los países la actividad política está prohibida a los extranjeros. La “solidaridad” de ellos consiste en ayudar a quienes buscan destruir a Colombia.
El grupo está integrado por cuatro fanáticos de bajo nivel. Sus “reportes” son una colección de consignas mal digeridas. Vale la pena escuchar las sandeces que dicen. Este 29 de mayo, uno de ellos, Sebastián Fernández, declaró en Cali, que el gobierno del presidente Iván Duque está cometiendo “un genocidio”.
Uno de sus compinches cree tener una mejor definición. En un video que circula en las redes sociales, Alejandro Rusconi dice que el gobierno de Duque está cometiendo dos crímenes: un “juvenicidio” y un “genocidio”. No se ría, así es como hablan esos sabios.
¿Cómo explican lo del “juvenicidio”? El señor Rusconi responde: “hay juvenicidio pues la fuerza pública está persiguiendo a los jóvenes y a las mujeres”. Eso es todo, es decir nada. Rusconi agrega que está reuniendo “información” para denunciar “extraterritorialmente” al gobierno de Duque “por estar cometiendo todo tipo de delitos”, entre los que está el “genocidio” y otros “crímenes de lesa humanidad”.
¿Estas son las “fuentes” que la CIDH va a entrevistar en Bogotá durante su visita forzada del próximo 8 de junio?
Pablo Pimentel, repite el mismo cuplé y agrega que el grupo quiere “abrir una ventana al mundo para mostrar todas las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Iván Duque, sobre todo contra los jóvenes, mujeres y niños que están en primera línea”. Marianela Navarro no explica lo de la “primera línea” pero no retoma lo del “genocidio”. Ella estima que el gobierno de Duque ha decretado un “fuerte despliegue represivo contra la población civil”.
¿De dónde salieron esos bufones?
Dos de ellos, Marianela Navarro y Sebastián Fernández, son activistas del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), un grupúsculo violento fundado en 2006 que se autodefine así: “Fuimos protagonistas del surgimiento del movimiento de piquetero forjado a mediados de los años 90 en resistencia al neoliberalismo y la ofensiva del capital sobre el trabajo”. Colombian Herald, un portal web de Florida, dice que Gustavo Petro “trajo a esos marxistas argentinos, disfrazados de defensores de los derechos humanos, para encubrir los delitos y el vandalismo que promueven los organizadores del paro y, de paso, echarle la culpa a Duque”.
Pablo Pimentel hace parte de un grupo llamado “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”, también rabiosamente marxista, como lo indica su libelo “Memoria y Dictadura”. Rusconi es secretario de Hábitat de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y secretario de Relaciones Internacionales del “movimiento Evita”, un partido peronista-madurista que asiste puntualmente a las reuniones del Foro de Sao Paulo (FSP).
Estos trolls envían sus pepinos a TeleSur, medio chavista que se esfuerza por mostrar la ola de violencia actual en Colombia como una “protesta de la juventud”. Desde allí, Marianela Navarro lanzó, sin la menor prueba, el embuchado de moda: “Diez jóvenes fueron asesinados por el Esmad en Cali”.
En todo país civilizado, injuriar y difamar públicamente al jefe de Estado, decir, por ejemplo, que ha cometido un “genocidio”, es un delito penal. En Francia, la injuria y difamación respecto de una autoridad pública es sancionado con penas más severas que en caso de la difamación e injuria de articulares. ¿Cómo el Estado colombiano puede dejar que esos energúmenos se paseen por el país calumniando al presidente de la República y cometiendo otros delitos?
