Cuando en todo el país se realizan multitudinarias manifestaciones pacíficas para reprobar los bloqueos de carreteras y calles, la violencia, la destrucción de bienes públicos y privados, el asesinato de policías, los continuos desmanes y, en general, una cadena de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Colombia, a quienes los del denominado “paro” mantienen secuestrados desde el pasado 28 de abril, causando, además, desabastecimiento que encarece los alimentos básicos, pérdida de puestos de trabajo, resquebrajamiento de la economía, conjunto que inexorablemente conduce a una grave alteración del orden público, sorprende, por decir lo menos, que algunos de los congresistas, en vez de abogar por la reactivación de la economía, el fortalecimiento del desarrollo productivo, la recuperación de empleos y, particularmente, la reivindicación de la paz en nuestra patria, acudan a acciones constitucionales y legales para “torpedear” las medidas que con esa finalidad adopta el gobierno.
En ese sombrío contexto, entre otros, aparece el senador Iván Cepeda, quien sin atender la representatividad que algunos compatriotas le han otorgado guarda silencio sobre los actos vandálicos y terroristas que en el marco de la protesta se vienen sucediendo, para en cambio señalar que “Es necesario que Fuerza Pública sea controlada en protestas” (6 AM, Hoy por Hoy), postura que resulta inentendible de quien ostenta un cargo en el poder legislativo, empero, que se llega a comprender recordando cuál ha sido la línea de conducta de alguno de sus progenitores y la suya propia, como su incondicional y obsecuente apoyo al parecer fallecido Santrich, al que por los cargos de narcotráfico la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos.
Y como parte de su función, por lo que se ha visto, ya no es extraño que el litigante de oficio Iván Cepeda opte por acudir al arbitrario y abusivo ejercicio del derecho, impulsando actuaciones judiciales no solo en Colombia sino en el exterior ante distintos organismos internacionales.
En esta oportunidad, además de la denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI) y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que acusa a miembros de la fuerza pública de varios delitos, nos encima una acción constitucional, que no se dude es bastante temeraria, a través de la cual pretende que se suspenda la aplicación del decreto 575 de 2021, mediante el cual, el señor Presidente de la República impartió puntuales y claras instrucciones a los gobernadores de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva para que conserven y restablezcan el orden público en sus territorios.
Con una argumentación descabellada y por completo sofista quiere desnaturalizar un legítimo decreto reglamentario para restablecer el orden público en nuestro territorio, para lo cual se escuda, a sabiendas, en una interpretación equivocada, como lo es señalar que esa normativa envuelve o es propia de un desarrollo de un imaginario estado de “conmoción interior”, el cual, bien sabe ese senador, no ha sido decretado, ni citado en el texto del mismo, sino expedido en cumplimiento de las funciones que la Constitución le impone al ejecutivo para mantener la democracia y el bien común.
Para el común de las gentes es conocido que la Constitución Política de Colombia, próxima a cumplir sus 30 años, en el numeral 4 del artículo 189 consagra que corresponde al Presidente de la República conservar el orden público en todo el territorio nacional. Los desarrollos que se den por aplicación de esta normatividad tienen claros y puntuales alcances reglamentarios.
Todo Estado para su normal y adecuado funcionamiento debe obedecer al orden que conlleva siempre el ejercicio razonable de la libertad, pero aquel debe ser prevalente, máxime por ser de interés general. Bien ha dictaminado la Corte Constitucional en sentencia C-045 de 1996 que el “orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado”.
Las cuestionables actuaciones del senador Cepeda, no se dude, contribuyen a la confusión y de contera a la propia desestabilización de la Nación. Esa temeraria tutela, alejada de la finalidad para la cual fue instituida, le hacen ver más como cómplice del caos que los del Comité del Paro y otros han traído a nuestra tierras, que no como un ciudadano preocupado por el orden y la institucionalidad, como se lo impone la misionalidad del cargo que ocupa. Su accionar más bien deja ver su querer para que el gobierno no cuente con herramientas legales para preservar y conservar el orden público. El sector que representa el senador Cepeda, a la par de otros personajes que militan en esa ideología radical, pretenden, como lo dejó saber el senador Gustavo Petro ante la pérdida del poder, que acudirían a las calles, lo que han venido haciendo. Los perjudiciales e inhumanos bloqueos impulsados por los promotores y organizadores del paro, que comenzó el pasado 28 de abril les hace ya responsables, al menos políticamente, de la debacle cometida contra los bienes públicos y privados de la Nación, y no se diga de las personas afectadas en su integridad, incluso varias de ella perdieron su vida, por causa de los bloqueos o ataques de desadaptados vándalos.
En esa estrategia perturbadora cobra papel relevante la descarada participación de la denominada “Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos” proveniente de Argentina, la que en audios que se conocieron dejaron saber que su misión u objetivo principal era implementar un plan de desestabilización de la región y del gobierno de Iván Duque, aprovechando la crisis provocada por el paro. Ya desde el 11 de mayo enviaron su avanzada integrada por Federico Fagioli, Daniela Marina Pilar y Fernando Martín Callizolli, invitados por varios congresistas de la oposición, entre ellos, desde luego por Gustavo Petro.
Es hora que los organismos de control y la propia fiscalía asuman con más severidad el impulso de actuaciones para los responsables de tanta violencia y destrucción. Hoy cobra puntual vigencia estudiar y dar aplicación al mandato del artículo 455 del Código Penal que reza: “Artículo 455. Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”, omitieron transcribir o señalar “y multa de …. “
Pildorita: La marcha blanca pacífica del pasado domingo, a pesar de tanta provocación y ataques verbales de los desadaptados y frecuentes consumidores de sustancias psicotrópicas, a quienes les espera de seguro en su futuro una cárcel o un frenocomio, demostró que no nos van amedrentar y que en nuestro país la gente de bien, que tanto les molesta por esa calificación, a pesar del miedo que inspiren, no nos van arrinconar. Se les trasmitió puntual mensaje que ya es hora de cesar la destrucción y regresar a trabajar. Esa marcha es apenas el comienzo de la recuperación institucional.
Bogotá, junio 5 de 2021
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
