¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comporta en forma tan agresiva con el gobierno de Iván Duque?
La CIDH quiere pasar por encima del calendario que le fijó la canciller Marta Lucía Ramírez en Washington. Este consiste en recibir en Bogotá a esa comisión después de la audiencia pública que está programada para el 29 de junio.
La CIDH quiere aterrizar en Bogotá cuando se le dé la gana, es decir veinte días antes de lo acordado. Curiosa diplomacia de empujones la que practica la CIDH.
Colombia debería hacerse respetar y rechazar semejante actitud y hacer valer su decisión de recibir a ese grupo después y no antes de la citada audiencia.
Basta ya de la sumisión de Colombia a organismos internacionales que ven con el ojo izquierdo el asunto de los Derechos del Hombre.
La prensa habla hoy de una carta de la CIDH, del 29 de mayo, en el que ésta “le explica” al Gobierno de Duque, que ella debe ingresar ya mismo para hacer un “monitoreo de la situación de derechos humanos (…) a la mayor brevedad posible”.
No le corresponde a la CIDH fijarle la agenda al gobierno colombiano. No es hora de que ese grupo hostil venga a “monitorear” nada. Cada vez que esa gente entró al país lo hizo para darle un golpe por la espalda al país.
¿A qué viene la CIDH si antes de enterarse de lo que ocurre en Colombia ya condenó a Colombia? La CIDH no ha examinado la información disponible y ya tuvo el cinismo de condenar a Colombia, este 27 de mayo, por “graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales” (1).
Se vé que eso de que el CIDH viene a “monitorear” al país es un embuste. Ese organismo tiene un veredicto antes de hacer la “investigación”. ¿De quién se burla la CIDH?
Ese organismo estima que en Colombia hubo “fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”. Léase: el único culpable es la fuerza pública.
El tono unilateral y las palabras que escoge son las mismas que fabrica la propaganda de los promotores de las violencias que el país sufre desde el año pasado y que se han triplicado desde el pasado 28 de abril.
Si la CIDH quiere venir a Colombia debe respetar los términos y condiciones fijados por el gobierno y debe probar ser neutral frente a lo que ocurre. Su neutralidad es más retórica que real.
La CIDH no viene a realizar un “monitoreo” objetivo, profesional, digno del derecho interamericano, pues adoptó desde antes la visión y los reflejos de los vándalos.
Para esa comisión el único culpable es la fuerza pública. Tal postura indica que escuchará a todas las partes pero acogerá como verdad única la construcción ideológica de los incendiarios. Esa pirueta le permitirá obtener la condena de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De quién se burla la CIDH?
En su condena difundida el 27 de mayo, la CIDH no dice una sola palabra sobre el papel de las FARC (Nueva Marquetalia) ni del ELN en las violentas batalles callejeras. Tal papel ha sido comprobado y revelado por las autoridades. La CIDH no habla del narco-terrorismo en las balaceras, incendios, emboscadas y bloqueos de calles y carreteras, ni de los planes puestos en marcha por esa gente para tomarse el puerto de Buenaventura, para quebrar la economía del país.
No menciona siquiera el asesinato del Capitán Jesús Alberto Solano, a manos de actores del “paro cívico”, ni de los incendios de las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Tuluá, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio. Ni una palabra sobre los daños por 21.800 millones de pesos causados por tales ataques.
La CIDH dice que “organizaciones de la sociedad civil han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas”. Esa cifra no es exacta. Fue inventada por un colectivo que depende del Partido Comunista de Colombia.
La CIDH recita el embuchado de que “la protesta social es legítima” si es “pacífica” sin valorar el carácter violento de todas las protestas lanzadas por el “comité del paro”. Esa comisión no dice nada de ese “comité del paro”, pero sí decreta que la fuerza pública tiene la “obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones”. Según ella, la fuerza pública no puede hacer más que “aislar” a los violentos, no dispersarlos ni capturarlos.
¿Por qué la CIDH quiere violar el calendario que le dio Colombia? Esa actitud altanera es inaceptable. ¿Por qué esa urgencia? Es evidente: tal urgencia estalla cuando las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá hacen grandes manifestaciones de repudio contra el “comité del paro” y la violencia callejera.
Colombia debe recuperar su autonomía. Ninguna democracia occidental soporta la injerencia arrogante de organismos como la CIDH.
La prioridad del gobierno no debe ser acatar los sermones de esa gente. Debe ser el restablecimiento del orden público nacional. Debe ser la derrota de la ofensiva que pretende acabar con Colombia. El momento es grave: el gobierno dio antier orden a las Fuerzas Militares de salir a ayudar a la Policía Nacional a despejar las vías y desmantelar los piquetes armados que tratan de tomarse Cali y el puerto de Buenaventura para tumbar el desarrollo del país.
¿La CIDH quiere impedir que tal despliegue tenga éxito? ¿Quiere obtener la impunidad para los que cometieron centenas de crímenes en estos días asesinando e hiriendo miembros de la fuerza pública y llevando a la muerte a civiles y a niños por cuenta de los infames bloqueos de calles y carreteras?
Nunca antes había sido tan equívoca la actitud de la CIDH ante Colombia.
