Por Eduardo Mackenzie
11 de diciembre de 2022
Los comunistas colombianos no salen del asombro por la destitución de su admirado Pedro Castillo Terrones. En lugar de consentir que Castillo era un bribón que decidió cerrar el Congreso y poner en receso todo el aparato de justicia, para dominar la vida del Perú como un Mussolini con sombrero de paja, y para “asesinar a los traidores”, como consta en una grabación que encontraron las autoridades en las arcas oficiales, no se les ocurrió otra cosa distinta a insultar al Congreso peruano y a su acción enérgica en defensa de las libertades y de las instituciones democráticas del Perú.
El primer exponente de esa actitud rastrera, después de las soflamas lloronas del presidente Gustavo Petro, fue un grupo de abogados mamertos de Bogotá especializado en falsos procesos contra el Estado colombiano y en la explotación de víctimas verdaderas y falsas de la violencia extremista. Esas eminencias de la corrupción calificaron de “corrupto” al Congreso peruano por haber éste parado en seco la intentona golpista.
Otro distinguido pensador, Gustavo Bolívar, lleno de odio por el derrumbe del ex mandatario, inventó por su parte la especie de que quien vea en el Congreso colombiano una muralla contra los abusos y las ilegalidades eventuales de un presidente, es “de ultraderecha” y, sobre todo, un “incitador al golpe de Estado”. El folclórico senador, autor de narco novelones de tercera y financiador de los incendiarios y matones durante los llamadas “manifestaciones pacíficas” de 2021, mostró su mentalidad enfermiza y quedó imposibilitado para responder razonablemente a la frase de un senador uribista, Miguel Uribe, quien tuvo el valor de escribir: “Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”.
El brazo derecho del macarrónico partido Colombia Humana, es el autor de esta consigna secreta que sus obligados deben cumplir: “Lo que hacemos no lo podemos decir en público”. Él está convencido de que el reino de la arbitrariedad petrista será eterno. Dice que el pueblo colombiano, siempre plural y siempre defensor de sus libertades, “no volverá a gobernar en un par de décadas”.
A corrompidos como éstos los veremos pronto conspirando para realizar en Colombia lo que Pedro Castillo no pudo consolidar en Perú: el «Estado socialista». Y los veremos caer como el prepotente Castillo que perdió no solo los estribos sino sus apoyos, incluso de sus seguidores hipnotizados por su verbo rudimentario, antes de que se enfrascara en un golpe de Estado.
Otros, como el senador liberal Humberto de la Calle Lombana, de la Coalición de la Esperanza, lanzaron una variante no menos hiperbólica: los que aplauden la caída de Castillo invitan a que los congresos “desconozcan el mandato popular de los presidentes”. Falso. Si Pedro Castillo tuvo algún día un “mandato popular” él mismo lo pisoteó y lo negó el 7 de diciembre cuando trató de abolir la democracia peruana mediante un mediocre discurso en la televisión. Humberto de la Calle simula ignorar que Castillo fue destituido legalmente –incluso la izquierdista CIDH lo reconoció así-, no por “discrepancia frente a sus políticas», sino por cometer un crimen político imperdonable: ordenar el cierre del Congreso, aplastar todos los órganos de justicia de su país y crear un gobierno autoritario y sin marcos legales, pues él se disponía a redactar una Constitución distinta, acorde con sus creencias marxistas-leninistas.
Abramos bien los ojos pues en el centro del gobierno colombiano actual navegan elementos fanatizados amigos de lo que estaba haciendo Castillo en Perú. Sabemos que esa gente es capaz de inocularle a los incautos el veneno que los peruanos y sus fuerzas armadas detectaron y rechazaron a tiempo.
Por Eduardo Mackenzie
