Por Eduardo Mackenzie
12 de diciembre de 2022
Gustavo Petro ya está gobernando por decreto, como hacen los dictadores, como quería hacer Pedro Castillo en Perú. Petro ha pasado por encima de la Fiscalía y de todos los órganos de justicia. Ha derribado la Constitución.
Vicky Dávila, directora de la revista Semana, informó ayer: “Atención: el presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que dejará libres a integrantes de la primera línea que están en las cárceles”. Ella agrega: “Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea.” (…) “Las imputaciones y las acusaciones [contra las “primeras líneas”] se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas”. “El Gobierno Petro busca que ellos sean reconocidos como gestores de paz, lo que ha desatado una tormenta jurídica”.
El problema ya dejó de ser, hace rato, jurídico. Es un problema político y de importancia capital.
El gobierno de Gustavo Petro está imponiendo al país sus propias reglas. Él no tiene derecho a hacer eso. Un presidente no crea a su antojo las instituciones. Petro debe ser, por el contrario, un servidor del país y de las instituciones.
El jefe de Estado pretende dar ese vuelco sin hacer ruido, pero el país todo, incluido el institucional, está alerta. Lo de Perú nos abrió los ojos sobre los métodos que los agentes del Foro de Sao Paulo utilizan: el poder ejecutivo hegemoniza todo, rompe con la división de poderes y anula todos los elementos del sistema de justicia, antes de instaurar un gobierno que ordena y hace lo que se le dé la gana y por decreto. Lo hizo Pedro Sánchez, y pagó por eso, y ahora lo está haciendo Gustavo Petro. ¿Pagará por eso?
Aquí hay un desafío frontal a la Constitución de Colombia, al ordenamiento jurídico colombiano y a la prosperidad y a la paz precaria de Colombia. Colombia no puede pasar agachada ante eso. Colombia debe parar esa dinámica maligna de Gustavo Petro.
Francisco Barbosa, el Fiscal General, había explicado por qué lo que quiere hacer Petro es ilegal, por qué ello equivale a desconocer la separación de poderes y la autonomía del poder judicial. Beneficiar con una excarcelación ilegal a 130 delincuentes de derecho común no es una prerrogativa del presidente de la República. Las detenciones, además, fueron justas pues involucran a personas que estaban delinquiendo gravemente y no “manifestando pacíficamente”, como los detenidos quieran hacer creer.
Insistir en eso, como hace Petro, es pasar por encima de la ley y de la realidad. Es burlarse de las víctimas de esos delincuentes e instaurar un régimen en donde el crimen y la mentira vencen a la sociedad y dictan sus condiciones.
Los detenidos (algunos ya juzgados y condenados) de la llamada “primera línea” son perseguidos por la justicia por los crímenes que cometieron durante las sangrientas “manifestaciones pacíficas”, verdaderas ofensivas armadas urbanas, con miles de muertos, mutilados y heridos, contra el gobierno del presidente Iván Duque, en 2021. Esas actuaciones fueron patrocinadas y financiadas por la organización narco-terrorista ELN. La Fiscalía ha descrito las numerosas pruebas que tiene sobre la imbricación que hay entre el ELN y las “primeras líneas”. En largos artículos Semana y otras publicacionesha revelado esas informaciones en estos días.
Por ello, todo el sector judicial está contra lo que quiere hacer Petro. Contra la intentona de Petro se han pronunciado, además del fiscal Francisco Barbosa, también la Procuradora General, Margarita Cabello, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz. Todos ellos han advertido, dice Semana, “de los riesgos constitucionales de la propuesta presidencial.”
¿Qué esperan los partidos de oposición y los miembros del Congreso para poner en su sitio a Gustavo Petro? ¿Qué esperan, incluso las fracciones liberales y conservadoras que apoyan al nuevo gobierno para actuar, una vez que han visto en qué fango los quieren meter los que les piden que apoyen el nuevo régimen que Petro está forjando mediante decisiones absurdas y decretos evidentemente inconstitucionales? ¿Los electores de esos partidos no les cobrarán a esos políticos semejante traición?
Los congresistas vieron lo de Perú y deben pensar que si continúan su juego actual con Petro les ocurrirá lo mismo: serán barridos del Capitolio nacional cuando no los necesiten. Lo hizo Castillo y estuvo a punto de ganar la partida. Lo hará Petro en su momento. Están avisados.
Mientras el nuevo jefe de Estado insista en extraer de las cárceles a los 130 de las “primeras líneas” el país queda libre de sacar las conclusiones que quiera. ¿Petro quiere sacar a esa gente pues esa es la exigencia primordial del ELN para entrar en “negociaciones de paz”? ¿Qué paz y qué progreso social puede salir de semejante arbitrariedad?
En esas condiciones, la “paz total”, objetivo principal de la nueva administración, será portadora de un mensaje: la “paz” se construye en Colombia sobre las cenizas de la Constitución de 1991. El gobierno de Petro aporta un cambio, en efecto, pero no el que esperaban los colombianos: instaura un gobierno –disfrazando eso en un acto falsamente noble de “liberación de jóvenes”–, que no tendrá marcos legales ni morales.
Así, en la barba de todos, emerge como en los regímenes autoritarios, un grupo dirigente sin controles ni contrapesos, que no respeta los principios de derecho, ni a las aspiraciones de la sociedad.
Eso será solo el comienzo. Como hemos visto en otras latitudes, lo que sigue es obvio: la censura, el hostigamiento a la prensa y a otros medios de información. La presión ejercida contra RCN para que le cierre sus estudios a La Hora de la Verdad de Fernando Londoño Hoyos es el comienzo de esto. El resto será la desinformación, el colapso de la libertad de expresión y la emergencia de estructuras de fuerza.
Por Eduardo Mackenzie
