El Valle del Cauca y su capital Cali fueron brutalmente golpeados por los vándalos que aparecen acompañando las marchas convocadas por los organizadores del paro, en esta ocasión, por grupos de indígenas provenientes principalmente de los resguardos del Cauca.
Los bloqueos viales ocasionaron preocupantes desabastecimientos de alimentos, de insumos médicos y combustibles. Los ataques se produjeron contra el comercio, el cual fue saqueado; contra los bienes privados, con la destrucción de vehículos, muchos de los cuales se encontraban al interior de agrupaciones de vivienda; contra los bancos, cuyas oficinas resultaron destruidas, y por supuesto, contra los sistemas de transporte y oficinas de gobierno.
Esta vez se concentraron en Cali, Popayán, Palmira, Jamundí y otros sitios del Cauca y del Valle. No se desplazaron a Bogotá, tal vez porque recuerdan que, en octubre de 2020, mientras la Minga se desplazaba hacia el centro del país, las Fuerzas de seguridad del Estado destruyeron en territorios de dominio indígena del Cauca y de Caquetá 63 laboratorios con capacidad de producir, cada uno de ellos, alrededor de una tonelada de base de coca al mes. Además, en esa ocasión las autoridades incautaron y destruyeron 2.664 galones de insumos líquidos para la producción del alcaloide, 1.198 kilos de insumos sólidos, 2.547 kilos de hoja de coca macerada y 574 kilos de base de coca. Esto deja muy comprometidas a las comunidades indígenas del Cauca, y también es muy sospechoso que uno de los puntos que exigen los indígenas en su Minga es que el Gobierno suspenda definitivamente la fumigación con Glifosato de los cultivos de coca.
No en vano, aunque no se puede generalizar, algunos han comenzado a calificar a los indígenas como “El cartel del norte del Cauca”. Es muy triste ver en los videos que llegan por las redes sociales, hordas de indígenas que llenan hasta el techo buses tipo escalera (o Chivas), y que se detienen estratégicamente para atacar a los otros vehículos que se desplazan por las vías del Valle.
El periódico El Tiempo da cuenta de por lo menos diez camionetas oficiales blindadas de la Unidad Nacional de Protección, asignadas a líderes indígenas, que fueron usadas (con las placas tapadas) para transportar manifestantes. O sea que, además, todos los colombianos estamos pagando esos medios usados para el paro.
Lo mismo que las marchas que se han visto en Bogotá y en otras ciudades, las de Cali han estado infiltradas por miembros de grupos armados organizados. La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron en Cali a alias ‘Jacobo’, un cabecilla de la red de apoyo de una disidencia de las Farc, que está acusado de hurto a entidades bancarias, quema de CAI y de estaciones del sistema de transporte MIO y de otros actos vandálicos. Además, está acusado de incitar al ataque de medios de comunicación y de deslegitimar a la Fuerza Pública a través de redes sociales.
Finalmente, y luego de comprobar el desprestigio irreparable que le causó a la imagen de los indígenas su participación en estos paros, ellos decidieron distanciarse del Comité Organizador. Pero ya el daño está hecho. Los colombianos recordaremos con rabia los inmensos costos que ocasionó esta Minga (los cuales, junto con los destrozos y pérdidas causadas de los otros grupos de manifestantes, parece que superan los 4 billones de pesos). Las imágenes de los indígenas destruyendo o incendiando vehículos, y amenazando a la gente con paros armados y bloqueos violentos, quedarán por mucho tiempo en la retina de los colombianos.
