Las marchas, los paros, los bloqueos, el vandalismo y el terrorismo urbano que hemos sufrido los colombianos de bien desde hace tres semanas estuvieron cuidadosamente planeados. Los ataques sincronizados a una veintena de Comandos de Atención Inmediata de la Policía, los bloqueos simultáneos en las principales vías del país para acabar de quebrar lo poco que dejó la pandemia de nuestra economía, y de paso, someter a la gente al desabastecimiento y al hambre, la manera como los violentos infiltran las manifestaciones para incendiar las ciudades sin que aparezcan cabezas responsables, todo eso, estuvo muy bien planeado. La contratación de los buses (tipo ‘chivas’) para transportar miles de indígenas y la logística para pagar a los terroristas urbanos, no se hace de un día para otro.
Pero tal vez la actividad que estuvo mejor planeada, fue la campaña nacional e internacional de desinformación. Mientras en Colombia vimos quemados buses, estaciones de Transmilenio, vehículos particulares, sedes de gobiernos locales, sucursales bancarias y vandalizado el comercio, los miembros del Comité Organizador del Paro no cesan en su clamor para que la Fuerza Pública “deje de matar a la gente”. Lamentablemente han muerto medio centenar de colombianos en el paro. Pero el Gobierno ha sido enfático en que se investigará y castigará a los miembros de la Policía que hayan podido cometer excesos. Todavía no se sabe con exactitud, cuántos han fallecido por la violencia de los terroristas, lo cual también se debe investigar.
La senadora María Fernanda Cabal ha publicado videos en los que se controvierten las denuncias contra la Fuerza Pública hechas por los senadores Roy Barreras, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. En el video de la senadora Cabal se muestran hasta resucitados.
El resultado de la campaña de desinformación que comenzó casi antes de iniciar los disturbios, tuvo un resultado inmediato. El Departamento de Estado de Estados Unidos amenazó con suspender las ayudas militares a Colombia y la ONU solicitó al gobierno colombiano que, por favor, suspendiera la violencia policial contra los “pacíficos manifestantes”.
Afortunadamente, la tecnología ha ayudado a mostrar lo que realmente sucede en Colombia. Ya todos sabemos quienes están detrás de la violencia y quién ha preparado y financiado todo esto. También es claro, quién piensa obtener el mayor beneficio político luego de la desestabilización del gobierno.
Como ha sucedido en otros países, a Colombia la incendiaron con el falso pretexto de tumbar la reforma tributaria, la cual era muy inoportuna, pero necesaria, precisamente porque grava a los más pudientes, para atender las necesidades de las personas que carecen de recursos. Eso fue suficiente para iniciar el incendio del país, el cual hoy todavía sigue, aunque el gobierno retiró su propuesta de reforma. En Chile sucedió lo mismo, pero por el anuncio de un muy pequeño incremento en las tarifas del transporte. Allá también estaba todo preparado, esperando la oportunidad para incendiar el país.
Es triste ver los bloqueos de las vías que pretenden arruinar el país y matar de hambre a los colombianos, y al mismo tiempo ver a los policías sin poder hacer nada, porque la campaña de desinformación logró inutilizar la Fuerza Pública. Entre más golpes reciben los policías y los miembros del ESMAD, más se quejan los voceros de esta diabólica campaña. A los policías los han matado, incendiado, apedreado, apaleado, insultado, y lo único que pueden hacer es limitarse a ver bloquear las vías y vandalizar los almacenes, porque no están autorizados a actuar.
Un amplio sector de la población le ha rogado al gobierno que permita a la Fuerza Pública desbloquear las vías y evitar el vandalismo. Para el gobierno sigue siendo más importante el resultado de esa campaña de desinformación que el respeto a los verdaderos derechos de los ciudadanos. ¿O es que el derecho a la protesta incluye el atropello a todos los demás derechos?
