Un amplio sector de la opinión ha manifestado indignación luego de la providencia de la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz, en la que se señala a los principales miembros del Secretariado de las extintas Farc como responsables de más de 21 mil secuestros, acompañados de los más horribles delitos de lesa humanidad y atropellos contra la dignidad de sus víctimas.
La indignación comienza cuando la JEP llama “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad” a lo que todos conocemos como secuestros. ¿Será que hay privaciones de la libertad que no son graves? ¿Será que la JEP cree que cualquiera de esas 21 mil víctimas hoy considera que fue “un rehén”, en lugar de decir que fue “un secuestrado”? No es solo un tema semántico. El exótico título con el que la JEP llama al secuestro, no puede menos que revictimizar a los secuestrados.
Otro motivo de indignación que han manifestado, tanto víctimas como columnistas, analistas y muchos otros, es que luego de la publicación de esa providencia, sigan ocupando sus curules en el Congreso algunos de los allí señalados, como si no hubiera pasado nada. Muchos hemos considerado que la JEP, desde su creación, carece de imparcialidad y objetividad, teniendo en cuenta la manera como fueron seleccionados sus magistrados. A pesar de eso, la contundencia de las pruebas contra las Farc y la inmensa cantidad de sus víctimas de secuestro obligaron a la JEP a emitir tal providencia. Aunque llamen rehenes a los secuestrados tratando de mitigar la gravedad del delito, es imposible evitar describirlo con la crudeza y repugnancia con la que lo narra la mencionada providencia.
Una cosa es que las Farc como movimiento armado ilegal se desmovilizó, entregó las armas y se integró a la vida política del país, y otra cosa es que los responsables de los principales delitos de lesa humanidad sean congresistas mientras se deciden sus condenas. Lo peor es que con el mismo descaro, pretenderán pagar esas condenas trabajando como congresistas de día y viviendo en una granja agrícola de noche.
¿Deberían renunciar? Claro que sí. Los acuerdos de La Habana quedaron tan mal hechos, que esta situación no es jurídicamente clara. Aunque no se puede esperar que hoy actúen correctamente quienes nunca lo han hecho, la forma correcta de actuar de estos ex cabecillas de las Farc sería una renuncia. El artífice de este monstruo jurídico, Juan Manuel Santos, le dijo al país que se haría justicia, que los crímenes de lesa humanidad nunca quedarían impunes y que no se les entregarían curules a dedo a los ex cabecillas. ¡Qué mentiroso!
En varias ocasiones hemos dicho en REALIDADES, que una paz mal hecha solo puede ser el comienzo de otro conflicto, tal vez peor que el anterior. Las recientes declaraciones del general Jorge Mora, miembro del equipo negociador del gobierno, lo dicen todo: “El proceso de La Habana es el causante de lo que hoy nos divide a los colombianos”.
Agrega Mora que en ese proceso se cometió el grave error de negociar las instituciones, y que estuvo lleno de intereses personales y políticos. Recuerda que, a pesar de haber perdido el plebiscito, se firmaron los acuerdos como si no hubiera pasado nada. Afirma que la JEP no ofrece garantías, por la manera inadecuada en la que se nombraron sus magistrados, y que quienes han incumplido con lo acordado son los miembros de las Farc, que no han querido ni siquiera aceptar sus culpas.
Claro que era necesario poner fin a un terrorismo de medio siglo; pero se ha podido hacer bien. El verdadero propósito de Santos, el mentiroso, era lograr su premio Nobel a cualquier costo. Hoy, lo estamos pagando.
