Mañana, 4 de julio, se cumplen treinta años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia. De seguro vendrán toda clase de balances, conmemoraciones, celebraciones. No podemos, en consecuencia, dejar pasar esa fecha sin hacer un somero análisis sobre sí esa Constitución ha cumplido el propósito que se marcó en su nacimiento con la participación de 70 constituyentes representativos de distintos sectores y condiciones, quienes se reunieron en la Asamblea Nacional Constituyente que a ella le diera vida jurídica.
El primer antecedente que se recuerda de la promulgación de la Carta Política de 1991 fue el liderazgo que en esa época cumplieron los jóvenes aglutinados en el movimiento que se distinguiera como “la séptima papeleta”, por haber conseguido que en los comicios del 11 de marzo de 1990 se convocara la asamblea nacional constituyente; estudiantes que les movió cambiar la constitución de Rafael Núñez, la de 1886, por considerarla en su momento obsoleta. Su argumentación entonces enfatizó en la necesidad de enfrentar los desafíos de los derechos fundamentales, con el fin de tratar de asegurar la paz en Colombia.
Se instaló la Asamblea en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez. Su primer acto era escoger quien la presidiera, aquella decisión recayó en un triunvirato representado por Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe (q.e.p.d.). Esa circunstancia ya auguraba lo que iría a ocurrir en la confección de la nueva carta magna de los colombianos, cuando quienes la iban a presidir representaban las fuerzas conservadoras, las liberales y la del desmovilizado grupo subversivo M19.
Esa composición luchó por terminar la hegemonía de los partidos tradicionales Liberal y Conservador y dio paso, en mi sentir equivocadamente, para que participaran en los futuros procesos electorales toda clase de movimientos cívicos, y grupos de personas buscando el favor popular. De una democracia sostenida en partidos sólidos se pasó a una participación pluralista que se ha convertido en un verdadero salpicón.
Guste o no, la asamblea de ese entonces fue sometida a la presión del narcotráfico, particularmente de Pablo Escobar Gaviria quien abogaba por la expresa prohibición de la extradición, lo que consiguió, aunque hoy nadie responda por ello. La sospecha de esa intromisión creo un manto de duda sobre si ese funesto fenómeno permeó, también, otros temas de la norma principal del ordenamiento jurídico.
En su momento se derrotó al doctor Alvaro Gómez Hurtado quien era partidario de mantener la Constitución de 1886 y en su generosidad demócrata, desistió de defender esa tesis, en la que lastimosamente debió haber insistido hasta el final, o, al menos, haber conseguido que se mantuviese la figura del Estado de Sitio para conjurar graves crisis de orden público y seguridad nacional. Al ceder, se abrió paso a la creación de una democracia participativa a través de la generalización del denominado Estado Social de Derecho y a la reafirmación de los Derechos Humanos, los que siempre se protegieron al amparo de la Constitución de 1886 por los gobiernos de turno.
La ley de leyes, como se distingue a la Constitución de todo país, debe ser el reflejo del acuerdo social básico, lo que permite que perdure y la sociedad se apropie para su convivencia de las reglas y principios que consagra. En los Estados Unidos, por ejemplo, su Constitución data del 17 de septiembre de 1787, ratificada el 21 de junio de 1788 y en vigor desde el 4 de marzo de 1789. Tan sólo ha tenido 27 enmiendas que es la forma como se reforma. La nuestra, de 1886, tuvo vigencia por más de cien años y aún se le extraña. En cambio, la Constitución de 1991, a la fecha ha sido modificada 53 veces; incluyendo las últimas reformas con motivo del Fast Track (Trámite rápido) legislativo que revistió y blindó constitucionalmente el Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana. A ese elevado número de ajustes y cambios hay que sumarle los provenientes de decisiones judiciales adoptadas desde la Corte Constitucional.
La multitud de modificaciones a la Carta Magna son significativas de que “algo no quedó bien” en 1991, sin que los cambios que por el camino se le han efectuado hayan mejorado, en línea de principio, esa percepción. Con todo, cabe destacar, aunque se ha abusado bastante de ella, la instauración de la figura de la tutela, mecanismo que acercó a la población a la administración de justicia. Igualmente se resalta la creación de algunas instituciones, con las cuales se pretendió dotar al país de una mejor organización, así como el establecimiento de mecanismos que fortalecieron la democracia, efectivizaron la protección a los derechos fundamentales e hicieron un Estado más inclusivo.
Pero lo que se pensaba eran reformas revolucionarias referentes al reconocimiento a las minorías y la equidad de género, entre otras, si bien evolucionaron, es lo cierto es que hoy más bien parecen o son, las dictaduras de las minorías. Los estados de excepción poco o nada funcionan, prueba de ello es que no se ha podido conjurar la crisis iniciada con el paro de abril 28 de 2021 que tiene su antecedente en el de noviembre de 2019 y ya con la consabida fórmula de legislar se cree que se va a superar. Nada de ello, menos leyes y reformas, pero si más autoridad ejercida en forma ejemplar y con respeto.
Treinta años después surge un movimiento extraño que quiere reunir una juventud distinta a aquella que otrora dio paso a la Constitución actual y que en una forma inadmisible en la ciudad de Bogotá se pretendió negociar con ellos. Se trata de la denominada Primera Línea, grupo que en su actuar y proceder ha delinquido, al menos varios de sus integrantes, de donde resulta por completo inconcebible que se les pretenda conceder una vocería que no ostentan. A la gente que delinque le espera la cárcel, ya no más obsequios y regalos para quienes quebrantan la ley y fracturan la convivencia social.
En fin, el balance en estos tres lustros es negativo, pero peor aún se muestra la posibilidad de otra Constitución. Surge, entonces, una obligada pregunta ¿cómo llevar adelante un cambio que nos permita a todos vivir tranquilos, en paz, con justicia, prosperidad y autoridad ejemplar?
Bogotá, D.C. julio 3 de 2021
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
