Es claro que el país no está sometido a manifestaciones pacíficas, sino más bien, a tomas guerrilleras.
El Valle del Cauca sigue siendo el principal objetivo de los violentos, aunque Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y otros departamentos también han sido objetivo del vandalismo. El incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, construido en 1927, joya arquitectónica y Patrimonio Histórico, no tiene otro calificativo que acto terrorista. Desde cuando el M-19 incendió el Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, los colombianos no presenciábamos un ataque de esa magnitud. En este caso, es muy probable que el incendio de Tuluá también haya sido para borrar las pruebas contra algunos narcotraficantes del Valle. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa anunció que las pruebas y los procesos contra los violadores del valle quedaron reducidas a cenizas, por lo que todos ellos quedarán en libertad.
El transporte sigue siendo un blanco importante para los actos terroristas de los vándalos; pero ahora están quemando los buses con los pasajeros dentro. En Florida, Valle, los terroristas prendieron fuego con bombas incendiarias a una buseta donde se transportaba un grupo de trabajadores, 9 de los cuales resultaron quemados. No eran ejecutivos de una multinacional, ni directivos de empresas financieras. Eran humildes trabajadores de un trapiche.
Medio centenar de muertos, más de ochocientos heridos civiles y otros ochocientos heridos de la Fuerza Pública, pérdidas por un valor superior a los 12 billones de pesos, que con los cierres de las empresas que están al borde de la quiebra y la reconstrucción de lo que han quemado y destruido, probablemente lleguen a los 20 billones. Son 430 mil las familias perjudicadas por no haber recibido la Bienestarina que distribuye Bienestar Familiar para alimentar a los niños. Han muerto dos bebés en ambulancias, por no haber llegado a hospitales para recibir atención médica. Miles de pacientes no han tenido acceso a sus medicinas; incluso algunos enfermos de COVID no han recibido oxígeno.
Se perdió la calificación que tenía el país, lo que con el tiempo generará un incremento de intereses de la deuda externa, que puede representar el mayor de los costos de los paros. Los exportadores colombianos perdieron mucho más que el valor de los productos que dejaron de vender. Se perdió el antecedente de cumplimiento que nos garantizaba mercados para todos nuestros productos de exportación, comenzando por el café. Buenaventura, principal puerto colombiano está paralizado.
Solo en el Valle se han perdido cien millones de huevos, y más de catorce millones de aves murieron de hambre. Miles de toneladas de alimentos se perdieron, con lo que millones de colombianos quedaron condenados a física hambre. Millones de empleos se perdieron y varios miles de empresas van a desaparecer.
Por la indisciplina de los manifestantes, el contagio de COVID 19 se incrementó al punto de superar los 25 mil contagios diarios. El promedio de fallecimientos diarios supera los 500, a pesar del esfuerzo que se hace en el proceso de vacunación.
Y, ¿Quién responde? Las redes sociales comenzaron a mencionar varias iniciativas ciudadanas para demandar a quienes se consideran los artífices de la catástrofe. Demandas que ya se presentaron señalan al Comité Nacional del Paro, por haber iniciado, promovido y sostenido las manifestaciones que terminaron en vandalismo y en bloqueos con las terribles consecuencias mencionadas. Las demandas apuntan también a algunos funcionarios públicos y voceros de partidos políticos que se han encargado de desdibujar la realidad de los hechos. Ellos insisten en que solo se trata de “manifestaciones pacíficas”, que han sido “violentamente reprimidas por la Policía”. De esa manera han distorsionado lo que realmente se vive en el país, con intenciones posiblemente políticas.
No es fácil destruir un país como Colombia, pero ya vimos que se puede hacer con una iniciativa como la de este Paro Nacional. Ya pasó en Venezuela. Lo peor es que parece que la situación va para largo. Los vándalos comenzaron a construir casetas en ladrillo y cemento en las vías, en las que han empotrado taches metálicos para impedir el paso de vehículos. La situación se salió hace rato del control de los líderes del paro; lo importante es que no se salga del control del Gobierno.
