Por: Bernardo Henao
El Consejo de Estado, citando a Enrique Sayagués Laso, manifestó que la licitación pública es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, cuya ruta la constituye el pliego de condiciones, documento que “establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la fase final del contrato”, cuya carga de claridad y precisión está a cargo de la administración, procedimiento que garantiza la transparencia, la igualdad y el deber de selección objetiva del contratista.
Con esa finalidad se abrió el proceso licitatorio LP-001-2023 cuyo objeto es “Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores”.
Concluido el trámite de esa convocatoria, la que fuera declarada desierta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los colombianos quedamos estupefactos ante la inadmisible afirmación de Gustavo Petro en su cuenta de X, el pasado 25 de septiembre, al expresar «La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compite o compiten …” y, agregó: “en este gobierno no se permite la corrupción.”
Sea lo primero indicar que ese mensaje revela un presidente tiránico que irrespeta y viola un proceso claro, en perjuicio de los intereses de los colombianos, pues, además de las obligadas demoras que tendrán que soportarse en la expedición de ese documento, como ya se anunciara, se deberá responder por la demanda que proponga el oferente.
En segundo término, de ese trino se deduce claramente que tiene un problema, al parecer personal, con la firma Thomas Greg and Son, el que no debía interferir en la licitación y el cual pretende justificar señalando que esa firma elaboró los pasaportes durante el gobierno anterior, circunstancia totalmente ajena a la licitación, máxime cuando se conoce que la firma cumplió a cabalidad con la labor encomendada, como lo viene haciendo por más de 17 años en los diferentes gobiernos.
No hay nada más. El presidente insinúa malos manejos y corrupción sin presentar ninguna denuncia ni mucho menos pruebas, pero, quizás, tal se presenta más bien con la contratación directa que a raíz de la declaratoria de desierta la licitación se persigue realizar.
Sin duda el gobierno está aplicando su política de “decrecer”, pues, como lo manifestaron varios ciudadanos, la expedición de pasaportes era uno de los trámites de mejor y más rápido funcionamiento en este país, había que torpedearlo, como se viene haciendo en otros ámbitos, por ejemplo, el de salud. En estos momentos no sólo dicho procedimiento es más lento, sino que las correspondientes libretas están por acabarse. De manera que resulta evidente y asombrosa la habilidad de este gobierno y su gente para destruir lo que funciona sin tener como reemplazarlo adecuadamente.
Y ahora el presidente dice que quiere competencia, sin que él esté llamado a intervenir en esta clase de procesos y menos aun contrariando la ley, ya que el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, que conservó el texto del artículo 6º del Decreto 287 de 1986, frente a una propuesta hábil, por ser la mejor, contempló que no procedía la declaratoria de desierta de la licitación.
En verdad la reacción airada del mandatario es completamente irracional.
No se puede desconocer que el proceso que arbitrariamente se declara desierto cumplía con los puntuales términos del pliego de condiciones que dio lugar a la licitación abierta el 24 de mayo de esta anualidad. Participaron inicialmente 11 empresas: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A; Impresa Nacional – Casa de la Moneda de Portugal; Cadena S.A.; Thales Colombia S.A.; Identificación Plástica S.A.S; Consorcio STC; In Group; Get Group; Inversiones BMT S.A.S; Veridos México y Accesos Holográficos (sucursal Colombia).
Varias de ellos se fueron retirando más por carecer de suficiente capacidad instalada para dar cumplimiento al proyectado contrato que por otra cosa. Y los había que no contaban con los insumos necesarios para la producción de las libretas, luego se está en presencia de la hipótesis legal que impide la declaración de desierta de la convocatoria.
¿Pero si la ley permite un solo participante, donde está la claramente insinuada corrupción? ¿Por qué el alboroto? La respuesta debe darla el presidente.
Ahora bien, el canciller manifestó que adjudicaría el contrato «a dedo», como suele decirse, pese al dicho del presidente que quiere competencia. El procedimiento establecido admitía la competencia, lo que ocurre es que se precipitó en su manifestación y su total molestia, al parecer, es por el resultado de quien en franca lid fue el ganador. Empresa que lleva años cumpliendo a cabalidad con la elaboración y entrega de los pasaportes.
Ya se sabe que la cancillería declaró desierta la licitación, posiblemente de manera abusiva y contrariando la ley, con el consecuente riesgo de que se presenten inconvenientes varios en la expedición de pasaportes, incluso una escasez de los mismos, que no sabemos a dónde nos llevaría, ello, porque la firma que los elabora actualmente tiene contrato hasta el próximo 2 de octubre. Esto no se resolverá abriendo una nueva licitación precedida de una urgencia manifiesta, según resolución firmada por el canciller el 14 de septiembre y lo cual les habilita para hacer una contratación directa.
La firma Thomas Greg and Sons tiene todo el derecho a estudiar la posibilidad de interponer una demanda contra el estado colombiano dado que cumplió con todos los requisitos y la descalificaron ilegal y abusivamente. Según las normas vigentes esta compañía podrá solicitar ante los tribunales el pago de los perjuicios que sin duda está en capacidad de probar. Se estima que superarían los cien mil millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación ya abrió proceso disciplinario contra el Canciller Álvaro Leyva y el secretario general José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades al terminar de la forma comentada el proceso licitatorio, porque se aprecia vulneración a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Esperemos que la investigación sea eficaz.
Ya los graves efectos de esa decisión reprochable se están sintiendo y la gente está concurriendo en masa a tramitar el pasaporte. Esto, por supuesto, contribuirá a que rápidamente se agoten. Se presentan largas filas presenciales por las fallas y deficiencias que tiene la página Web. Se conoció que ya en una de las oficinas debió intervenir la fuerza pública (Esmad) para mantener el orden.
La irresponsabilidad del gobierno queda una vez más demostrada y la ciudadanía perjudicada, indiscutiblemente estamos en el gobierno del “decrecimiento”.
