Por fin, luego de más de tres años de funcionamiento, la Justicia Especial para la Paz se pronunció en un documento que determina los hechos y las conductas del caso que hasta hoy se llamaba 001 y que se llamará en adelante “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc-EP”. En esa providencia de 322 páginas queda claro que los hechos allí relacionados efectivamente existieron, que no son conductas amnistiables, y que los miembros del Secretariado de esa extinta guerrilla son responsables.
En el escrito, que equivale a lo que en la Justicia Ordinaria se conoce como imputación de cargos, se establece que las Farc cometieron por lo menos 21 mil secuestros (que por alguna razón la Sala de Reconocimiento de la JEP llama “toma de rehenes”). Estos tenían la finalidad de financiar sus actividades delictivas, y en el caso de tratarse de personal uniformado, forzar un intercambio por guerrilleros presos.
Aunque el número de secuestrados fue en realidad mucho mayor, los nombres de las 21 mil víctimas de este delito se obtuvieron luego de cruzar bases de datos y fuentes disponibles de información. La JEP acepta que la magnitud de esa práctica fue tal, que hoy no es posible determinar un número preciso. Además, se comprobó que las Farc no tuvieron el menor respeto por la dignidad humana de los secuestrados. No se promulgaron directrices para evitar el maltrato a las víctimas, ni sufrimientos físicos o sicológicos, ni para prohibir el secuestro de menores de edad, de mujeres embarazadas ni de adultos mayores. Cada Frente escogía libremente a sus víctimas y los procedimientos a seguir. Lo importante era que produjeran plata.
Las Farc usaron cadenas y cercas de alambre de púas para inmovilizar y controlar a los secuestrados, a los que sometían a golpes, gritos, burlas, maltratos, castigos, intimidaciones, coacción, e incluso en algunos casos, torturas y violencia sexual. Todos esos atropellos contra la dignidad humana de las víctimas de este, que es el peor de los crímenes, hasta hoy formaban parte de la crónica periodística nacional o de las denuncias de algunas organizaciones. Es muy satisfactorio ver que hoy forman parte de esta providencia de la JEP, y que por fin los determinadores de este delito atroz serán acusados. Son ocho los miembros del antiguo Secretariado de las Farc que han sido individualizados hasta ahora por la JEP. Los conocemos con los alias de Timochenko, Mauricio “el Médico”, Joaquín Gómez, Bertulfo Álvarez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda.
Ellos tendrán un término de 30 días hábiles para responder si aceptan su responsabilidad en los hechos señalados o no. Si aceptan, serían condenados seguramente a una pena máxima de ocho años de detención en un establecimiento no carcelario, esto es, una granja agrícola, o algo similar. Aquellos que estén ocupando curules en el Congreso, deberán dejarlas mientras purgan su condena.
En caso de no aceptar los señalamientos de la JEP, estarían sujetos a pagar penas hasta de 20 años en prisión, si resultan condenados. Lo más probable es que acepten su participación en este delito, porque saben que tendrán que enfrentar otros casos abiertos por la JEP como el No. 07, denominado: «Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado», del cual tampoco hay posibilidad de salvarse. Incluso si aceptan ser culpables de cualquier crimen, su sentencia no superará los mencionados ocho años. Por eso están aceptando culpas en delitos que parece que no cometieron, como el asesinato de Álvaro Gómez.
Por lo pronto, es muy positivo que la JEP haya individualizado las culpas por los delitos de secuestro cometidos por las Farc y que haya documentado detalladamente los horrores sufridos por las víctimas.
