En estos días de febrero, José Vivanco y cinco magistrados de la JEP firmaron, tras bambalinas, sus respectivos mamotretos contra el gobierno de Colombia. ¿Hubo concertación entre ellos sobre la fecha para lanzar eso? Es posible. La movida fue tan perfecta que hay que reconocerles cierto genio.
Por lo menos, el impacto de esos textos escandalosos fue internacional. En París, una revista creyó lo dicho por la JEP y escribió: “Cerca de 6 402 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como muertos en combates”. En Bruselas, la televisión dijo lo mismo y en Canadá, un diario sacó esta conclusión: “La IV Brigada es asesina”.
La idea de que el Ejército de Colombia asesina civiles está ahora en todas partes. La prensa colombiana presentó lo de Vivanco y la JEP como dos hechos desconectados y la opinión no vio el fondo de la cosa. “En Colombia no pasa nada”, dicen algunos, sobre todo en periodo pre electoral.
La labor de la JEP y de Human Rights Watch es convergente pues no es judicial ni humanitaria. Su juego es político. La Ong de Vivanco es financiada por George Soros, el hombre de los millones, de las órdenes y de las agendas (1). Soros obra en varios tableros. Fomenta el colapso presupuestal de la policía de New York, Chicago y Los Ángeles, lo que origina una hecatombe. Hasta el “progresista” New York Times se quejó en un editorial: ante el repliegue de la fuerza pública, el aumento de homicidios azota sobre todo a los jóvenes negros, de manera implacable.
Soros apoya a Black Lives Matter contra la policía americana y el partido republicano. Lo más impresionante es que Soros y Vivanco también se ocupan de Colombia. Con ayuda de la incalificable JEP, ese dúo sigue apostándole a la destrucción de las Fuerzas Militares de Colombia.
El informe de la JEP, del 12 de febrero, tiene 38 páginas. El de Vivanco, del 10 de febrero, tiene 136 páginas. Las temáticas parecen diferentes pero son, en realidad, lo mismo. El primero le imputa al gobierno crímenes ocurridos entre 1988 y 2014. Vivanco se ocupa de otra franja de tiempo: acusa al gobierno de Iván Duque de haber “desprotegido las comunidades indefensas”.
Vivanco dice que los asesinatos de desmovilizados, que él llama “defensores de derechos humanos”, se deben a las “graves deficiencias del gobierno”. Si Vivanco evoca las políticas de Duque para frenar esos asesinatos lo hace para mostrarlas como “falencias” (faltas, en español), no para señalar quien está realmente detrás de esa horrible matanza. Es inútil buscar en el informe de HRW una sola acusación contra las FARC en armas (las llamadas “disidencias”) y el ELN. Esas bandas de matones patológicos desaparecen en la pluma de Vivanco tras la denominación de “grupos armados”.
La colusión JEP+Vivanco no solo opera contra el ex presidente Álvaro Uribe y contra el presidente Iván Duque. Esos dos organismos, buscan, sobretodo, la desmoralización de las Fuerzas Militares, el último baluarte de la soberanía, de la integridad del territorio patrio y del orden constitucional. No fue casual que la JEP firmara su escandaloso informe sobre los “falsos positivos” dos días después de que Vivanco firmara su impostura sobre la incapacidad de Duque para “contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos”.
El activista mimado de Soros intriga para que el Congreso, Departamento de Estado y la Casa Blanca reduzcan o cesen su ayuda a Colombia en materia militar. Sus calumnias y amalgamas buscan manipular al equipo de Biden. Por eso necesitan ese tsunami de amasijos calumniosos contra la Fuerza Pública colombiana.
El texto de la JEP (“auto 033”) está montado sobre una mezcolanza de informaciones oficiales y de relatos no controlados que la JEP llama “no gubernamentales”. Son informaciones cuestionables pues no fueron sometidas a verificaciones.
El auto 033 se deslinda completamente de la Fiscalía General. Asegura que, entre 2002 y 2008, las víctimas de “falsos positivos” fueron 6.402 civiles y no 2.248 como dice la Fiscalía General en un periodo estudiado por ella más amplio: de 1988 a 2014. Ello abre un grave interrogante: ¿quién se equivocó? ¿Quién está mintiendo en la elucidación de las ejecuciones extrajudiciales? ¿La Fiscalía General? ¿La JEP?
La investigación realizada por la Fiscalía General me parece correcta. Sus cifras proceden de un escrutinio judicial serio, contradictorio y público del asunto de los “falsos positivos”, por el cual han sido detenidos y sancionados numerosos agentes de la fuerza pública. Baste recordar que, en marzo de 2017, 21 militares fueron condenados solo por el caso de los cinco jóvenes ultimados de Soacha.
Otro punto que crea problema es el método que la JEP dice haber seguido para obtener ese tremendo aumento de casos de “falsos positivos”. El auto 033 dice haber recopilado las pruebas de las órdenes de “mandos medios” y de “altos mandos” de cometer esos pasmosos asesinatos. ¿Pero dónde están las pruebas? ¿Si éstas existen por qué no expiden las órdenes de detención respectivas?
El auto 033 habla brevemente de “criterios de priorización” y de “estrategia de investigación”. Ese extraño vocabulario hace pensar que la opinión pública, según la JEP, no tiene por qué enterarse de cómo procede ésta al examinar y valorar los testimonios que recibe.
No se deje el lector abusar por esos galimatías falsamente jurídicos. En el auto 033 la “priorización” describe una forma arbitraria de seleccionar los casos y testimonios. Los redactores toman los relatos que vienen de asociaciones militantes. Examinan unos y rechazan otros, los no “priorizables”. Así, las informaciones dadas en esas condiciones, pueden arrojar cifras exageradas. ¿Hasta qué punto esos relatos reseñan hechos verdaderos? ¿Hasta dónde algunos relatos son ficciones fabricadas para inflar las acusaciones contra las Fuerzas Militares?
Sin embargo, esa metodología de la JEP tiene, para ellos, una justificación teórica. Veamos.
El auto 033 dice: “De conformidad con lo establecido en la Constitución Política, artículo 66 transitorio: “[t]anto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional”. Es decir, que la selección de relatos sobre los “falsos positivos” (o sobre otros temas) se hará según “los instrumentos de [la] justicia transicional”. El problema es que esos “instrumentos” no son conocidos.
La llamada “justicia transicional” es una justicia especial. No es exactamente la justicia habitual de las civilizaciones democráticas, sino una planta rara, una variante que entrelaza preceptos jurídicos y políticos. Se trata de una justicia anómala, desequilibrada, opaca, poco garantista y, sobre todo, destinada a acusar y sancionar al Estado y a la Fuerza Pública como autor de todos los males ocurridos. Sus adeptos dicen que es una justicia para facilitar la “transición” de una dictadura a un gobierno democrático.
Pero ese no es el caso. Colombia no es, ni ha sido, una dictadura, desde 1957. A pesar de la violenta y muy durable agresión armada comunista (de más de 50 años) el régimen político colombiano no adoptó formas dictatoriales, como sí ocurrió en otros países de América del Sur. Luego esa “justicia transicional” es un artefacto político inadecuado, una concesión irresponsable del gobierno de JM Santos a la subversión anticapitalista.
El Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional acaba de repudiar el informe de la JEP pues éste, a su juicio, “modifica de manera exponencial la veracidad de lo ocurrido”. También denunció que la JEP ha ordenado abrir “investigaciones contra prestigiosos abogados que ejercen el legítimo derecho de defensa de comparecientes pertenecientes a nuestra Fuerza Pública”.
Hay que abrir los ojos ante todo esto. ¿El auto 033 de la JEP es el inicio de una nueva ofensiva política contra las Fuerzas Militares, como las que vimos en años pasados, basadas en acusaciones que después resultaron ser mentiras?
Por eso he pedido, en mi calidad de ciudadano colombiano, que el Senado abra una investigación sobre la forma como la JEP produjo su auto 033, en especial sobre la documentación y métodos de valoración que ella empleó para llegar a las citadas conclusiones. El asunto es demasiado importante como para dejarlo en manos de la JEP.
