Como estaba previsto, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionado con los recientes paros en Colombia, está totalmente fuera del contexto de lo que realmente sucedió en el país. Y estaba previsto, por cuanto ese organismo existe para evaluar y cuestionar las actuaciones de los gobiernos y no de grupos de civiles como el Comité Nacional del Paro, que además, no representaban los intereses de todos los manifestantes, sino por el contrario, intereses políticos de algunos de sus integrantes.
Buena parte de las 48 páginas del informe, se refieren a una supuesta discriminación étnica-racial y de género contra los manifestantes, y uso exagerado de la fuerza policial y militar.
Este tipo de informes se caracterizan por el sesgo y la parcialidad ideológica y política, y parece que solo hubieran visto las cosas con el ojo izquierdo. Aunque muestran preocupación por el clima de polarización que encontraron, con sus imprecisiones solo van a lograr mucha más polarización.
Las cifras de las pérdidas causadas por los vándalos durante las llamadas ‘protestas’, que más bien fueron actos de terrorismo urbano, alcanzan los quince billones de pesos, sin contar los miles de negocios y empresas que nunca volverán a funcionar gracias a los destrozos que sufrieron y a las pérdidas por los bloqueos y por los cierres prolongados, además de los mercados que se perdieron en el exterior para muchos de nuestros productos. Todos esos millones de colombianos afectados, reclaman al gobierno, por el contrario, su pasividad durante el paro.
Apenas la CIDH anunció su interés de visitar Colombia para observar lo que estaba sucediendo, se sabía cuál iba a ser el tono de su informe. Podían haberlo enviado por correo electrónico y se habrían economizado la visita. Aunque tuvieron que oír las versiones de muchas de las víctimas del vandalismo, el informe es muy tibio a la hora de juzgar a los violentos. Por supuesto, condenan los bloqueos, porque ocasionaron lamentables muertes, pero no condena, con el rigor debido, el vandalismo, el asesinato de varios policías y el intento de quemar vivos a otros. Tampoco hace referencia a la manera como las hordas de terroristas urbanos atacaban a piedras y palos a grupos de policías indefensos que se protegían detrás de sus escudos con gran riesgo de resultar heridos o muertos a manos de los bárbaros, y sin embargo, nunca hicieron uso de sus armas para defenderse. Esto lo hemos visto todos los colombianos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero esto, no lo vio la CIDH.
En el informe, a última hora, incluyeron un aspecto que nadie esperaba: la recomendación de que los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos de sus cargos por orden de un juez penal. Eso, por supuesto, es la reacción a la amenaza que tienen algunos alcaldes de izquierda como los de Cali y Medellín de ser destituidos por decisión popular, como lo indica la legislación colombiana.
Otro aspecto contradictorio del informe, es la acusación a las autoridades por haber realizado un chequeo abierto de internet, con el presunto fin de adelantar una censura y extralimitación de funciones. Es claro que durante los hechos violentos circularon videos de todo tipo en redes sociales. Vimos manifestantes pacíficos ondeando banderas y elevando sus mensajes de inconformismo, de la manera como se deben hacer las protestas. Pero también vimos a los vándalos saquear los almacenes e incendiar el comercio y bloquear violentamente las vías. También vimos al ESMAD lanzando gases y a los revoltosos lanzando piedras. Todo el que quiso, pudo captar y distribuir sus videos y sus mensajes, independientemente de su posición y de su forma de pensar. Claro que también vimos cómo hicieron algunos montajes fingiendo heridas sangrantes y falsas víctimas de presuntas agresiones policiales. No hubo tal censura.
En conclusión, la CIDH entrega un pésimo informe, sesgado y con clara tendencia ideológica mamerta, pero es lo que se esperaba.
