Por Bernardo Henao Jarmaillo.
No obstante los indicios de un fraude electoral -falta de auditoría internacional, videos de personas formadas en fila para votar por un candidato, aparición misteriosa de un número de votos y otros más- finalmente, después de intentarlo por largo tiempo, llegó un gobierno de izquierda a regir los destinos de Colombia. Tendrá la misión de desarrollar en el período de 4 años previsto en nuestra Constitución Política su confuso proyecto de gobierno. Grave que no obstante sus propuestas sociales su programa inicie con añadir ministerios, uno de ellos el Ministerio de la Igualdad que, al parecer, desempeñará Francia Márquez. ¿Será que la burocracia le traerá al país la “igualdad” y el desarrollo que demandan los tiempos actuales y para la cual se anuncia la reforma tributaria?
Pero, además, acogiendo la recomendación de la Comisión de la Verdad, también se creará el Ministerio de la Paz, Convivencia y Seguridad. Otro más que se sostendrá con los impuestos del pueblo, donde, según el nuevo Ministro de Defensa Iván Velásquez, irá a parar la Policía Nacional, que sería una «Policía civil para la vida y la seguridad humana». ¿Será la politización de la Policía una forma de violencia institucional?
Sin temor a equivocarnos debemos anotar que la llamada Comisión de la Verdad, por claro y evidente sesgo ideológico, ha escrito una historia equivocada, parcial, errada, mentirosa. En ella se pretende mostrar a los militares y policías como victimarios y culpables y a los asesinos que estuvieron alzados en armas e hicieron siempre gala de violencia extrema y crueldad, como lo sabe todo el país, como víctimas y así, como se dice, se les lava la cara. Increíble, por decir lo menos, que se pretenda transformar la realidad vivida y conocida por los Colombianos, a quienes la historia de 200 años de nuestras gloriosas FFMM y de la Policía, escrita con valor y sangre, únicamente nos crea el sentimiento de valoración por su entrega y de agradecimiento por su labor, por lo que no podemos compartir ese falaz epitafio, el que solamente obedece a planes diseñados por extraños foros para manipular, especialmente, la mente de los jóvenes.
Y en esa línea se encuentra el nuevo ministro de defensa, quien con sus trinos justamente ha dejado conocer el poco “afecto” que tiene por quienes va a dirigir, a quienes denominó en 2020 como “criminales”. Contraria es la admiración que por nuestra fuerza pública, por su profesionalismo, respeto a los derechos humanos y su valor, es advertida por la mayoría de los colombianos y aún por países extranjeros.
Resalta esa política el nombramiento realizado en la Cancillería, allí se designó un personaje afecto a los victimarios, del cual se asevera que a pesar de su edad puede más su interés en cerrar una negociación con los criminales del ELN y otros grupos al margen de la ley. Si el “convenio” con las Farc tomó en la Habana más de cuatro años, con el ELN el tiempo será mínimo el doble de éste, en vista de que quienes hoy lo dirigen son expertos en enredar. El “perdón” para ellos, los del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC suena más a otro engaño que a un verdadero sometimiento, el que desde ya, para su propuesta de paz total, el nuevo gobierno presenta como un “plan de acogimiento”, el que no tiene asidero en la ley.
No puede menos que señalarse que inconcebibles resultan los beneficios a la delincuencia. La misma que estructuró el método para desprestigiar a las fuerzas militares y de policía. La historia no se podrá equivocar en su juicio sobre esa infundada narrativa. La actuación de la Jep en el llamado macrocaso número 3 así lo demuestra, contradiciendo lo que la CEV, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, incorporó en su informe final. Los mal denominados «falsos positivos» que el Derecho Internacional Humanitario llama ejecuciones extrajudiciales y nuestro derecho penal homicidios en persona protegida se refieren a asesinatos de civiles que se hicieron pasar por bajas en combate. Sin desconocer la responsabilidad que por esos execrables hechos, cometidos en forma individual, jamás institucional, pueda corresponder a alguno de sus miembros, sí resulta trascendente tener en cuenta que el soldado profesional Yeris Andrés Gómez reveló ante la Jep que entró a la guerrilla de las Farc a los 13 años y terminó en el ejército, como consecuencia de la política de infiltración a esa fuerza. ¿Entonces, quienes son los “criminales”?
En materia de cifras no hay consenso entre las diferentes organizaciones que se han ocupado del tema. El Cinep, por ejemplo, señaló que entre los años 1984 y 2011 hubo 1741 víctimas. La Fiscalía General de la Nación hizo entrega a la Jep de un listado de 2248 víctimas entre 1988 y 2014. Sorprendentemente la Jep expresa que se ha realizado un ejercicio de «contrastación» de la información y es entonces cuando aparece la publicitada cifra de 6402 víctimas. ¿De dónde? No se sabe.
La Jep menciona los territorios de Antioquia, Casanare, Meta, Norte de Santander, Huila, Tolima, Caquetá, Cauca y la Costa Caribe, la cual en el informe se refiere únicamente a Cesar y Guajira. Son estos los territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de investigación del macrocaso 3. Pero no se descubre con claridad el número de las muertes en estas regiones. Si así fuera, la suma de ellos no llegaría a mil. En definitiva, queda claro que no hay una explicación medianamente objetiva del origen de esa cifra.
Se ha intentado por diversos medios, entre ellos derechos de petición, que la Jep suministre los nombres de esas víctimas y la respuesta ha sido siempre negativa con la excusa de respetar el habeas data. Si en el macrocaso 3 se diera a conocer la cifra en esas 6 regiones, su número no llegaría probablemente a mil, puesto que en Casanare se mencionan 303, Soacha 19 y en la Popa 127, esto a manera de ejemplo. Muertes que, con independencia de su número, nos duelen y afectan a los colombianos.
¿Qué podemos decir para concluir? Que se ha venido repitiendo la cifra de 6402 falsos positivos como si de un mantra se tratara. Y que este imaginario número es uno de los argumentos con el cual se trata de justificar las proyectadas reformas a las FFMM y a la Policía. Pero, como hemos visto, ese guarismo no resiste el menor análisis, pues se desconoce de dónde proviene la información y, por otra parte, la época de su ocurrencia es significativa, el Cinep y la Fiscalía tienen datos que corresponden a diferentes períodos, Cinep dice que son de 1984 a 2011 y la Fiscalía de 1988 a 2014. Nadie se pronuncia sobre la infiltración de las FARC a nuestras fuerzas del orden.
Entonces, lo que se revela es la existencia de un plan estratégico de la guerrilla para neutralizar la legítima lucha del Estado y el apoyo que desde diferentes frentes se brinda a esa manipulación, tratando de mostrar una “verdad” que no coincide con la realidad. Mientras tanto, se asesinan a nuestros policías buscando beneficios que condenarán al país a la más degradante ignominia. El reto y la lucha son quijotescos, pero no podemos desfallecer en nuestro apoyo y defensa de las fuerzas militares y de policía.
Pildorita. Se dijo durante la campaña del presidente electo, en diferentes ocasiones, que para nada se trataba de imitar a Venezuela o Cuba. Ahora, Ernesto Samper expresó en Blu Radio: Ya quisiera el resto de América Latina tener el desarrollo social de Cuba. Frase que produce verdadero espanto.
