Por Bernardo Henao Jaramillo.
Colombia hoy vive una gris tranquilidad. No obstante la certidumbre que una multitud de nacionales tienen sobre que el proceso electoral no fue transparente y que quien rige los destinos del país no fue “democráticamente” elegido, es lo cierto que, en general, quienes apostaron en su contra agrupan esa misma mayoría ganadora que voto NO por el Acuerdo de La Habana y que por sortilegios de quien detentaba el poder cambio por un SI. Colectividad que representa un pueblo trabajador, creyente, soñador, amante de su patria, que considera que es en la legalidad y con su común esfuerzo que logrará que este país sea un referente mundial, por lo que pese a su discrepancia con el acontecer no acude a la violencia, a la destrucción de lo que se ha construido, no tiene un pasado que lo deshonre ni recurre a amenazas ni actitudes hostiles. Surge, entonces, una obvia pregunta ¿Cuál sería la situación del país si quien actualmente detentara el poder no fuera Petro? La respuesta no sólo se encuentra en los medios de comunicación que anunciaban lo que él mismo pronosticaba sucedería, así como su hija y sus seguidores, sino en la realidad que se vivió hace algo más de un año, que bajo el pretexto por una reforma tributaria, mucho menos nociva para la clase media y empresarial que la ahora presentada, se desató el terror, la intimidación y la estridencia, sin importar ni Colombia ni el bien común. Esa es la verdadera diferencia entre unos y otros.
Y como un actor activo de esa disensión aparecen quienes se autodenominan “indígenas”. Narra la historia que América fue descubierta por Cristóbal Colón, genovés al servicio de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Corría el año 1492. Este hecho desembocó en la llamada conquista, con el propósito de incorporar las tierras y sus habitantes a los dominios de los monarcas ibéricos. Entonces ¿qué tenemos que ver los nacionales actuales con los hechos ocurridos hace ya más de 500 años? ¿por qué se pretende hacernos responsables? ¿Cómo podemos estar «en deuda» según cierta narrativa, con las poblaciones que hoy se auto adscriben de indígenas?
Una mirada a esas poblaciones nos dice que hay en Colombia, según el último censo, 1.905.617 indígenas. Representan escasamente un 4,4 % de la población y poseen el 39.9% del territorio nacional. Este se compone de los llamados resguardos, 710, situados por todo el territorio del país. Su extensión es de aproximadamente 35 millones de hectáreas. Es un tercio de todo el territorio nacional que lo conforman 114 millones de hectáreas. Ahora bien, estos indígenas, que han recibido gratuitamente la tierra y no pagan impuesto alguno, también reciben cada año por parte del gobierno estímulos y auxilios billonarios, cuyo destino hasta el momento es un misterio. Un estudio de la ONU encontró en 2019 que en los resguardos había más de 14.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Se dice que hace ya tiempo fueron iniciados en este asunto por las Farc.
Según la sentencia T 001 de 2019 de la Corte Constitucional el ordenamiento jurídico constitucional contiene protecciones relevantes y específicas para los pueblos indígenas otorgando derechos de estos sobre sus territorios y definiendo en forma sobresaliente las figuras de los resguardos y de los territorios indígenas, estos últimos, como entidades territoriales con autonomía para la gestión de sus intereses, derechos, funciones propias y competencias que deben ser definidas por el legislador a través de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y transitoriamente por el Gobierno mientras se expide dicha ley orgánica, de conformidad con el artículo 151 superior. Pero en la práctica estos resguardos son vistos como territorios sin Dios ni ley, estados dentro del estado, con su propia justicia. Es probable que por ello “secuestren” y amarren a miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, ejecuten a conciudadanos, como días atrás sucedió en Bogotá y exijan respeto por su territorio pero no tengan consideración para “tomarse” cualquier lugar del país.
Así las cosas, tenemos que quienes en rigurosa formación votaron por Petro, vienen invadiendo fincas en el Departamento del Cauca y atacando a los trabajadores de las mismas como parte de lo que denominaron «liberación de la madre tierra». En algunos sitios de esa región del país los corteros de caña bloquearon la vía para exigirle a la fuerza pública protección. Si bien el nuevo gobierno cree que está en deuda con el Cric, Consejo Regional Indígena del Cauca, por el apoyo que le brindó en su campaña electoral, también lo es que el ejecutivo debe regirse por la Constitución Política y consecuentemente cumplir con el deber de salvaguardar y velar por la vida y el trabajo de quienes demandan su defensa, como también amparar la propiedad privada, derecho que consagra el artículo 58 de la Constitución Política. Valga recordar que el Presidente Petro juró cumplir con la Constitución y en tan corto tiempo no puede haber olvidado su juramento. Entonces, resulta una salida en falso avalar y sugerir diálogos frente a la afrenta que padecen los derechos de los trabajadores y de los propietarios.
Las tierras objeto de estos ataques, en jurisdicción de los municipios de Caloto, Padilla, Miranda y Corinto, son terrenos productivos que están siendo lícitamente cultivados, a diferencia de la mayoría de los que detentan los invasores, por demás improductivos. Sobra señalar que de conformidad con algunos análisis, en promedio, a cada indígena le corresponden 15,1 hectáreas, cifra que supera el indicador de la tierra promedio por colombiano que se sitúa en 1,8 hectáreas. Significa que no requieren más tierras.
Por todo lo anotado inentendibles, por decir lo menos, resultan en un Estado Social de Derecho las declaraciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, las que se conocieran en dialogo con la FM en el sentido de que el país ha cambiado y ahora hay que negociar con los indígenas aunque se tengan títulos legítimos sobre la tierra, tales producen estupor y causan alarma, a la vez que la convierten en potencial auspiciadora de la vulneración de los comentados derechos, los que constitucionalmente tiene la misión de preservar y proteger. Todo esa declaración constituye un increíble atropello y con ello también se siembran semillas de odio y violencia. Y ya conocemos eso.
Por último, recordemos que indígena es la población original del territorio que habita. En ese sentido todos somos indígenas. ¿Por qué entonces sé nos discrimina al no otorgarnos los mismos derechos?
En medio de este delicado tema se conoce que la Corte Constitucional pronunciará sentencia en materia de baldíos y lo que se anticipa pueda ser la decisión, podría dar curso a un grave enfrentamiento futuro y a provocar nuevamente hechos de violencia de consecuencias impredecibles.
Columnista de Opinión.
