No debemos olvidar que hoy, hace cinco años, el 2 de octubre de 2016, pese a la publicidad gubernamental y contra todo pronóstico, los colombianos razonablemente decidimos lo que consideramos era más conveniente y justo para el país.
Un nutrido grupo de ciudadanos colombianos concurrió a las urnas a votar el plebiscito convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz de la Habana, el que previamente la Corte Constitucional, en sentencia C-379 de julio 18 de 2016, declaró exequible bajo la consideración, entre otras, del principio de participación democrática y del valor político de la decisión tomada por los ciudadanos. Previa y cuestionada modificación del umbral para las votaciones, en una actuación cuestionable, se procedió a votar el plebiscito.
La mayoría del pueblo se pronunció por el NO, resultado que incuestionablemente imponía que el mencionado Acuerdo, en un Estado de Derecho democrático, no podía ser aplicado.
En esa fecha concurrieron a las urnas a sufragar el plebiscito 13.066.025 votantes que arrojaron un 37.43% de participación, obteniéndose 12.808.858 votos válidos, votos nulos 170.946, tarjetas no marcadas 86. 243, umbral 4.536.992 (13%).
Los resultados finales fueron por el SI 6.377.464 (49.78%) por el NO 6.431.372 (50.21%.); resultado definitivo e inmodificable que traducía que el pueblo colombiano soberano rechazó por mayoría el Acuerdo de la Habana.
Ante tan inesperado resultado se cambiaron las reglas y se desconoció la voluntad popular. Previamente el gobierno, a través del Presidente y su negociador Humberto de la Calle, había dejado saber que si el pueblo rechazaba el plebiscito se respetaría su decisión. Empero, ello no ocurrió.
En su maquiavélico estilo se dieron a la tarea de revivir el acuerdo de paz derrotado. Y, finalmente contaron, quien lo creyera, con el ingenuo apoyo de los representantes de los vencedores.
Éstos, en una posición inexplicable en cabeza del Expresidente Álvaro Uribe, en compañía de Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez y un nutrido grupo de lagartos y lambones, se hicieron presentes en la sede de gobierno para buscar una salida. No se necesitaba ninguna simplemente se imponía respetar la decisión soberana del pueblo.
Que error de estrategia, de cálculo y por supuesto de credibilidad política de los Vencedores. Es elemental que quien triunfa impone las condiciones y sin ninguna duda, que, si se apertura un proceso de diálogo, quien debe buscarlo es, por supuesto, el perdedor, para este caso, el Gobierno de entonces y la Farc.
Absurdo que el vencedor hubiera concurrido a pactar con el vencido y en su terreno. Ese equívoco hoy lo paga la mayoría del país estruendosamente. Ahí no había que pactar nada, simplemente se debía exigir cumplir y respetar el resultado. Con el tiempo estos vencedores son testigos de excepción del grave atropello cometido al pueblo colombiano y así no lo digan, lamentan haberse prestado a ese nuevo engaño de la renegociación, la que jamás se dio.
Pero, más grave aún para la institucionalidad y la democracia la posición que adoptó la Corte Constitucional, guardiana por excelencia de la Carta Fundamental. Ante ese resultado y su sentencia no era constitucionalmente posible que para salvaguardar lo aprobado en la Habana un pronunciamiento positivo a lo que las entonces subversivas FARC, seguro asesoradas por el abogado español Enrique Santiago y su equipo, reclamaron como garantía, que el acuerdo debía estar por completo blindado constitucionalmente.
Es ese, entonces, el antecedente de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2017 pomposamente titulado “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Ese Fast Track legislativo (Leyes de trámite rápido) que se dio y este inusual acto legislativo de dar estabilidad jurídica a un acuerdo en contravía del querer popular, como si no existiera posibilidad de revisar, adicionar, modificar e incluso derogarlo en todo tiempo por parte de la Rama Legislativa; vaya iniciativa, pero la Corte entró en ese delicado juego de revisar y estudiar la constitucionalidad de ese mal denominado blindaje constitucional para respaldar el indebidamente denominado proceso de paz acordado en la Habana, suscrito en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 y nuevamente firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de ese año. La Corte debía y tenía que estar a la altura del momento y decidir, como se esperaba, por el respeto a la soberanía de la nación que reside en el pueblo. No lo hizo y le dio vía constitucional, a un acuerdo rechazado por completo.
De esta manera se forjó la peor división entre los colombianos, pues, incomprensible totalmente resulta que en un tema tan delicado se haya desconocido la opinión mayoritaria del pueblo para imponer el querer de una minoría derrotada.
Cinco años después se confirma que el pueblo tenía la razón que, no es de buen recibo lo convenido en ese acuerdo como que criminales de lesa humanidad se hayan convertido en legisladores sin cumplir una condena previa, sin reparar a las víctimas y muy posiblemente sin intención alguna de no repetición, como lo evidencia la conducta asumida por algunos de sus negociadores; luego, hasta hoy solo tenemos total impunidad, que nos deja muy mal ante la Comunidad Internacional, un grupo de insurgentes al que se denominó disidentes que siguen sembrando el terror en nuestro territorio y a unas víctimas revictimizadas.
Hoy, gracias al acuerdo rechazado y torticeramente revivido, funciona la Comisión de la Verdad, que a escasos dos meses de vencerse el término para que rinda su informe, sobre el cual pesan serias dudas de su imparcialidad y su correspondencia con lo realmente acaecido, se sabe que no lo tiene listo, por lo que a través de diferentes organizaciones acudió al concurso de la Corte Constitucional para ampliar su período, lo que según informes periodísticos le fue concedido hasta junio 27 de 2022, al que le seguirá el período de socialización del informe por dos meses terminando el 27 de agosto de 2022, sin que se encuentre el sustento normativo para adoptar esa decisión.
¿Será que el Presidente de la República y otros funcionarios públicos que ejercen sus cargos durante un limitado período también pueden solicitarle a la Corte Constitucional la ampliación del mismo, aduciendo idéntica circunstancia, esto es, que no pudieron ejecutar sus programas con ocasión de la pandemia?
Hoy, a cinco años del triunfo del NO, otra entidad que se creo en el mencionado Acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha emitido sentencia alguna y aquellas que se avecina se produzcan lo serán contundentes para los actores del conflicto que estuvieron con las FF.MM o fueron agentes del Estado, mientras que los fallos que involucran individualmente a los subversivos se insinúan lo serán en un actuar colectivo como organización.
Rampante impunidad, personajes de ese grupo subversivo que la justicia ordinaria había condenado y se encontraban purgando las penas gozan actualmente de total libertad. Las víctimas, esperando, al menos, justicia.
Mirando hacía el horizonte y hacía todos los costados, Colombia en este día, no puede conmemorar nada de aquel histórico triunfo que alegremente celebró, por el contrario, debemos lamentar y arrepentirnos de no haber actuado para que se cumpliera la voluntad popular, más aun cuando presenciamos sus nefastas consecuencias en estos 5 años y, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que la impunidad sigue vigente, la reincidencia permanente, las llamadas disidencias de las Farc, un problema en auge; mientras que la reparación a las víctimas de medio siglo de conflicto es ninguna y, más grave, un narcotráfico a sus anchas y en pleno crecimiento, sembrando caos y destrucción. Vaya proceso de paz.
Pensando en el cambio inesperado del triunfo del NO cabría preguntarse ¿que hubiese sido de la historia de Colombia si el plebiscito de 1957 que le otorgó el voto a la participación femenina, a través de una renegociación como la ocurrida en el gobierno de Juan Manuel Santos les hubiese quitado el legítimo derecho a votar a la mujer? Lastimosamente los Colombianos actualmente no podemos manifestar lo que otrora dijera Francisco de Paula Santander “¡Qué mayor dicha ni qué mayor gloria que la de pertenecer a un país donde se respeten las leyes, la equidad y el juicio de la opinión pública!”
Bogotá, octubre 2 de 2021
Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
