La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a Colombia una delegación para verificar lo que sucede en el país con relación al llamado Paro Nacional. Inicialmente, publicó un correo electrónico en el cual se podrían solicitar citas para denunciar los abusos cometidos durante las semanas recientes. Aunque los miembros del Comité Nacional del Paro, junto con congresistas y ONG de izquierda fueron escuchados por la Comisión, también hicieron sus denuncias otras organizaciones y grupos que representan a las víctimas del terrorismo urbano y de los bloqueos. La Federación Verdad Colombia envió solicitud para entregar su testimonio. Ni siquiera obtuvimos respuesta.
Los perjuicios sufridos por los colombianos durante el paro son incalculables. Hasta ahora, se ha hablado de cerca de veinte billones de pesos en pérdidas. El terrorismo urbano y el vandalismo han ocasionado daños materiales y pérdidas que han llevado a la quiebra a miles de negocios y han hecho desaparecer millones de puestos de trabajo. Los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades, incluyendo los de Bogotá, han resultado gravemente dañados, y se tardarán meses las reparaciones que permitan dejarlos como estaban antes del paro.
Aunque se han registrado más de medio centenar de muertos por los hechos de violencia, el contagio incontrolado de COVID que han ocasionado las marchas, los paros, las concentraciones y los bloqueos, ya ha producido las mayores cifras de fallecimientos, que superan los 550 diarios. Las unidades de cuidado intensivo ya no cuentan con camas para atender contagiados. El gobierno tiene evidencias de que los grupos narcoterroristas y la dictadura de Maduro en Venezuela están detrás de la violencia en el paro. Todos los sectores de la economía resultaron afectados, algunos de manera irreparable.
Todo esto debería obligar a la CIDH a condenar el paro; sin embargo, el resultado es muy diferente. En redes sociales se han publicado versiones muy preocupantes del verdadero objetivo de la Comisión en su visita a Colombia. Diana Perafán, líder social del Cauca, defensora de derechos humanos, representante de víctimas del abuso de la autoridad de la jurisdicción indígena, manifiesta en un video cómo fue su experiencia en el encuentro con la CIDH. Dice haber sentido que estaba en una obra teatral, pues fue testigo de la construcción de un argumento basado en derechos humanos, con el propósito de generar un golpe de estado. Fue testigo de una campaña para deslegitimar a la Fuerza Pública, en un libreto en el que no se presentó una sola prueba. Afortunadamente, un grupo de empresarios del Valle, del Cauca y de Nariño pudieron hacer bien la tarea y presentaron al Sr. Roberto Bravo, funcionario de la CIDH unos testimonios contundentes sobre lo que ha sucedido durante el paro.
Ya habíamos visto en Bogotá una visita similar. Unos argentinos, integrantes de la “Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos”, fueron grabados mientras conversaban en un hotel con organizaciones sindicales y de derechos humanos colombianas, sobre un supuesto plan para desestabilizar al gobierno. En esa reunión, el vocero nacional del Congreso de los Pueblos dijo: “No veo capacidades acá para que logremos tumbar a Duque y generar una transición hacia otro escenario. Si tumbamos a Duque, sería en un escenario de golpe militar”. Más claro no canta un gallo.
Mientras tanto, el país sigue incendiado, nuestra pobre economía se hunde en la crisis, las marchas generan la mayor difusión posible del contagio por COVID, las redes sociales denuncian la manera como se producen los videos con montajes de supuestos abusos policiales, los puestos de trabajo se evaporan por millones cada semana y los productos de exportación pierden su posición en los mercados internacionales. La destrucción, el vandalismo y la violencia continúan. Y, ¿Quién responde?
