«Si el presidente de la República no actúa, no decide enfrentar a los violentos con las FFMM, el país quedará en manos del narcotráfico y la delincuencia armada en la que este se soporta».
Con absoluta consternación observamos el panorama del país. Las nuevas “estrategias” de seguridad aplicadas por el Gobierno para alcanzar la “paz total” muestran un resultado absolutamente contrario a ese propósito. Masacres, muertes de líderes, cierre violento de vías, incendio de vehículos, etc. etc., sólo que ahora ni los medios de comunicación, ni los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales presentan esos sangrientos y bárbaros hechos con las repercusiones que les atribuían en mandatos anteriores. Hoy, los colombianos que desde siempre hemos buscado la verdadera paz estamos aterrorizados por el inhumano tratamiento informativo que se dio a los enfrentamientos, que se dice, ocurrieron entre grupos alzados en armas el pasado sábado y los días siguientes, los cuales derivaron en una masacre que costó la vida a 23 compatriotas.
Sobre tan dantesca situación, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que se trató de una guerra fratricida, mientras que el presidente de la República, en forma extemporánea, indicó desde Barrancabermeja que «se matan entre sí como si fueran desechables» y señaló a sus protagonistas de mercenarios. El ministro de Defensa ni siquiera rechazó contundentemente los gravísimos sucesos, solo atinó a indicar que el Ejecutivo estaría atento a lo que ocurriera en la zona, para concluir con insólita manifestación: “A estas familias que están presas del terror les enviamos un saludo», cuando lo que ha debido despachar es a la tropa para protegerles.
Hasta ahora, lo poco que se sabe es que lo ocurrido en Puerto Guzmán, Putumayo, es un enfrentamiento entre dos disidencias, o mejor, grupos narcotraficantes denominados «Frente Carolina Ramírez», heredero del Frente 1, y «Frente Comandos de Frontera» que sucedió al Frente 48 de las FARC. Así lo informó la Defensoría del Pueblo. También se conoce que provocó el desplazamiento de la población. Más de 15 familias abandonaron la vereda José María. La coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Yuri Quintero, dijo que son cerca de 20 familias que deben ser salvaguardadas. Entonces, se torna imperioso requerir al Gobierno y particularmente al ministro para que cumplan con su misión constitucional. O, por ventura, ¿será que los causantes de ese doloroso episodio serán convocados a las mesas de negociación como gestores de paz, para “brindar signos de confianza”?
Pero, en medio de este deplorable hecho de violencia los colombianos no podemos dejar de solidarizarnos con nuestros compatriotas de esa región. Las primeras imágenes que publicaron las redes mostraron los cuerpos de las personas asesinadas apilados unos sobre otros. Parecía que la ciudadanía no se conmovía con ese horror, pues se mostraba silenciosa. Posteriormente alguien subió a la red el video de la volqueta que descargó los cuerpos de los fallecidos. Espanto, repulsión, tristeza, son los sentimientos que brotan al observar un contexto tan macabro, el que nos hizo inmediatamente recordar los horrores del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Se desconoce quién recogió de esa manera los cuerpos. Igualmente se pregunta uno quien dispuso trasladarlos de esa manera escabrosa. ¡Qué pasó con las autoridades civiles!. Hoy ya se encuentran los cuerpos en medicina legal en Neiva a la espera de que los dolientes les retiren y les den cristiana sepultura.
El conflicto territorial por control de rutas del narcotráfico no puede desconocerse por el gobierno actual. El mandato constitucional es perentorio y territorialmente la fuerza pública está llamada actuar, pero no a través de un saludo, hay que hacerlo como otrora lo hizo el presidente Álvaro Uribe, quien recuperó y pacificó todo el territorio nacional. Ahora, si el presidente de la República no actúa, no decide enfrentar a los violentos con las FFMM, el país quedará en manos del narcotráfico y la delincuencia armada en la que este se soporta. Bajo ninguna circunstancia esas llamadas disidencias podrán ser partícipes de los diálogos de la «paz total».
Recordemos aquí las célebres frases de Edmund Burke:
«Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada»,
y la expresada por Martin Luther King:
«Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.»
Al día de hoy reinan entre nosotros la intranquilidad y el desasosiego. No hay líderes que sobresalgan, que motiven. La patria agoniza mientras la gente permanece impávida. El nuevo gobierno está siguiendo un camino no propiamente de cambio sino de demolición. Los diálogos con el ELN, que se acaban de reiniciar, ofrecen a este una oportunidad de mostrar su voluntad de paz pero negociar en medio del conflicto no es serio y el que no estén representadas todas las víctimas supone un riesgo muy grande.
Acostumbrarse a la violencia es grave para una sociedad porque significa anestesiarse, insensibilizarse frente a hechos de sangre. En otras latitudes, cuando se cometen acciones violentas, la gente las rechaza y sale a protestar. No es el caso de Colombia donde se registran estas acciones y no hay un rechazo público. Esas acciones como cuando integrantes de las FFMM pierden la vida por defendernos deben producir la indignación ciudadana y despertar las más potentes voces de repudio.
Pildorita 1. Se ha conocido una decisión del Consejo de Estado de claro e indiscutible tinte político, y que, en verdad, hace pensar si Colombia es un Estado de Derecho. En esa providencia, bajo el sofisma de la “arquitectura constitucional colombiana”, la mencionada Corporación justamente se aparta de la evidente atribución que le otorga la Constitución en su artículo 237 numeral 5, para en su lugar disponer que no tiene competencia para tramitar las demandas que se presentaron contra el senador Petro hoy presidente y, según dice, ninguna otra autoridad la tiene, esto es, ni más ni menos, la total ausencia de justicia, creando un auténtico limbo jurídico y contrariando el derecho de acceso a la administración de justicia. Solamente perplejidad causa decisión en ese sentido, pues contrariando el ordenamiento jurídico “anula” las causales de inhabilidad para cuando un congresista que incumplió con sus funciones, por ejemplo, accede a la primera magistratura. No existe soporte legal ni constitucional para la determinación adoptada por esa corporación, con un salvamento de voto, y lo único que evidencia es que los controles establecidos para la transparencia, idoneidad y legalidad de los cargos públicos por arte de magia desaparecen tratándose de quien llegue a ocupar el de presidente de la República.
Pildorita 2. En otra extraña decisión la Corte Constitucional declaró inexequible el acceso de la Policía a los circuitos cerrados de seguridad y vigilancia privada, mecanismo que le permitía perseguir a los delincuentes. Imaginemos que en medio de una persecución tenga la policía que detenerse para ir a conseguir una autorización judicial. ¿Cuál puede ser el propósito de esta medida ? Tras una lectura rápida se podría pensar que se trata de favorecer a los delincuentes. Cosas como estas solo ocurren en el país del Sagrado Corazón.
Bernardo Henao Jaramillo
Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.
