Un proceso electoral requiere la participación de toda la ciudadanía, la expresión libre de la sociedad, el respeto de la autoridad a la intervención del pueblo para escoger a sus gobernantes y la transparencia en los resultados, sólo así las elecciones pueden calificarse de democráticas.
El artículo 4º del Decreto 1010 de 2010 prescribe la misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo cumplimiento, principal y fundamentalmente, se encuentra en cabeza del Registrador, por lo que corresponde a éste, “(…) garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, (…)”
Por supuesto, para la observancia de esa misión se requiere que quien preside esa organización electoral brinde esas garantías de transparencia y seguridad, lo cual reclama que sea una persona idónea profesional, moral y éticamente, características que, dadas las circunstancias, inciertamente las encontramos en el actual Registrador, Alexander Vega Rocha.
Y aquí se puede citar el adagio que dice “lo que mal comienza, mal termina” pues los cuestionamientos que se le han formulado vienen desde el procedimiento para su elección como Registrador. En efecto, como regla del concurso de méritos que con ese efecto debe adelantarse, según lo dispuesto por el artículo 266 de la Constitución Política, se estableció que solamente se llamarían a los 10 primeros puntajes, siempre y cuando hubieran obtenido 500 o más puntos en la prueba clasificatoria. Según se informó, en su momento, Vega Rocha no satisfizo esa condición, pese a lo cual los Presidentes de las Altas Cortes lo convocaron a entrevista. Además, se dio a conocer que no cumplía con el tiempo constitucionalmente exigido para ocupar ese cargo, y, para completar, cambiaron el lugar de la entrevista, la que realizaron a puerta cerrada y no de manera pública. Curiosamente, a la entrevista se le otorgó un mayor valor porcentual en la valoración final.
Ya posesionado, en octubre de 2021, a pocas semanas de las elecciones, el Registrador en polémica declaración afirmó “Lo puedo decir como registrador nacional, y díganselo al Director del Dane, las bases de datos del Dane no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la Registraduría”, para a continuación señalar “no somos 50 millones de personas, sino 55 millones«, sin hacer la menor alusión al convenio interadministrativo suscrito entre ambas entidades y vigente hasta el día de hoy. La respuesta del Director del Dane, Juan Daniel Oviedo, no se hizo esperar. Explicó que los 5 millones de habitantes «faltantes» en los datos del Dane correspondían a personas fallecidas, cédulas canceladas, y a cerca de 3 800 000 colombianos residentes en el exterior. Una pregunta quedó flotando ¿cuáles eran las intenciones del Registrador?
Por otra parte, llevó a cabo un proceso «a dedo» para la contratación de auditoría externa de los procesos electorales. Y a comienzos de este año solicitó la renuncia de delegados y registradores auxiliares y especiales. Sesenta y seis de ellos presentaron su dimisión. ¿A qué se debió este cambio masivo de personal estando ad portas de las elecciones?
Y ni para qué comentar la colosal contratación de apoyos técnicos e informáticos para garantizar el buen desempeño de la Registraduría en las jornadas electorales, cuyos resultados, conocidos por todo el país, dejan serias dudas sobre la consistencia de las herramientas contratadas y consecuentemente la transparencia de las elecciones. Para completar el confuso panorama el expresidente Pastrana ha informado que el software utilizado por la Registraduría es uno antiguo, no el nuevo que se acaba de comprar. Entonces, interrogamos ¿porqué no se hace un reconteo cuando existen tantas dudas y una diferencia abismal entre el preconteo y los escrutinios finales de 1.024.634 votos en el Senado y 522.901 en la Cámara de Representantes, según consta en el propio informe de auditoría que acaban de conocer los colombianos preparado por la propia Registraduría?
Antes de la jornada electoral de marzo 13 se decidió cambiar a los jurados electorales, los que, al parecer, fueron deficientemente preparados como lo revela el errático diligenciamiento de la documentación electoral, particularmente el E -14, que tiene 3 copias. Con lo ocurrido se impone que para el debate presidencial se haga en papel químico y que para mayor seguridad se le dote de una numeración imborrable.
Tan pronto se terminó la votación y se empezaron a transmitir los datos comenzaron a llegar quejas de diferentes fuerzas vivas de la nación informando acerca de irregularidades. Por esto el gobierno nacional, a través del ministro del Interior Daniel Palacios, anunció que sería convocada la Comisión Nacional de Garantías Electorales.
El señor Presidente de la República dejó conocer que se cometieron errores protuberantes que deben ser resueltos por las autoridades electorales.
Por su parte el Registrador anunció que pediría al CNE un reconteo de los votos para el Senado, posición que posteriormente modificó. Hoy es notorio y evidente que sí se cometió fraude e incluso el propio Registrador mencionó las denuncias presentadas contra jurados de votación, a la vez que dejó conocer del encuentro de 10 irregularidades en 5109 mesas de votación. En palabras sencillas, se cometió grave delito. Citado el Registrador por el Congreso, no concurrió, dejando en evidencia su pecado. Fue muy acertada la intervención del presidente del Senado al pedir su renuncia.
Al tiempo de escribir esta columna se conoce que la Procuraduría General le apertura investigación disciplinaria por presuntas irregularidades de servidores públicos en las pasadas elecciones y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados.
La responsabilidad, al menos la política, por el desastre electoral impone que el Registrador deje el cargo, en tanto que no brinda seguridad alguna en cuanto a la transparencia del proceso electoral y la confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, factor fundamental para la existencia de la democracia. Douglas North dijo “Las instituciones son una creación humana, evolucionan y son alteradas por humanos. Por consiguiente, se deberá empezar por el individuo”.