Por: Alejandro Ramírez Londoño
El nivel de salarios en una economía tiene una importancia indiscutible como quiera que se encuentra en la base del comportamiento económico del país. Siendo un costo para empleadores es a la vez la principal fuente de ingreso de los trabajadores y por ende el sostén, capacidad de consumo y también de ahorro de los hogares. Por ello la discusión sobre el salario mínimo tendrá implicaciones definitivas en las condiciones de trabajo y la capacidad de empleabilidad de las empresas en el contexto de un año que termina con un desempeño catastrófico, de niveles más que pandémicos, endémicos, en nuestra economía. En la mesa de negociación salarial se encuentra nada más ni nada menos que el futuro de las familias colombianas el año que llega.
“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino.” Escribía Goethe. Para nadie es un secreto que estamos abocados a una recesión económica por cuenta de los sesgos ideológicos que orientan la política económica del gobierno Petro. Muestra de ello, una cifra que no puede pasar desapercibida: los más de veinte mil empleos perdidos en el sector de hidrocarburos con los que termina el año 2023. Campetrol, gremialidad de servicios del sector, advertía que solo por causa de la menor actividad de taladros en los proyectos, se perdía producción y reservas de crudo, pero también perdieron 15 mil puestos de trabajo bien remunerado, con capital humano preparado, seguramente por fuera del acuerdo del piso en el salario que se discute en la actualidad y en graves dificultades para migrar a otros sectores de la economía, al tiempo que ésta perdió todo su dinamismo, dejando familias enteras haciendo esfuerzos con sus ahorros mientras reingresan al sector productivo.
Esta semana, advertimos el fuerte reclamo de Gustavo Petro a FENALCO por rechazar la pretensión del 18% de aumento en el salario mínimo y, nuevamente, el
Presidente trinó en tono de amenaza: “Si quieren vender en sus grandes superficies comerciales entonces necesitan compradores con buen sueldo. Al buscar esclavizar la fuerza de trabajo del país Fenalco estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados. Lo que más le interesa a un comerciante es que la gente tenga capacidad de pago y eso se llama buenos salarios.” Cuando Ninguna responsabilidad les cabe a los comerciantes en la escasez de compradores con sueldo y mucho menos, de la destrucción de los puestos de trabajo en sectores tan importantes de la economía como los hidrocarburos.
No se trata pues de estar en total identidad con la política del gobierno como le reclamó Petro a Fenalco, sino reconocer que el desacierto en la orientación económica que hoy nos acosa con inflación y desempleo, requiere ser corregido, antes que escalado, frente a un asunto tan delicado como las decisiones sobre las condiciones de empleabilidad de las empresas. Un tema tan trascendental, que esta semana hizo entrar en contradicción al Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República con el gobierno Petro: advierte la pérdida de 454 mil empleos con la reforma laboral, mientras la Ministra de protección social manifiesta que el interés en crear puestos de trabajo cede frente al objetivo de la formalización. No solo será la primera vez que una reforma laboral se tramite sin intención de crear empleos, sino que traerá consecuencias que se trasmitirán a toda la economía: “tendremos menos compradores”.
Los términos acumulados en que opera la economía indefectiblemente nos avizoran un descalabro por cuenta de semejantes sesgos, contradicciones, inconsecuentes y sin corrección oportuna como muestra la reciente apertura de la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, donde damos por descontado se repita el descalabro de la reforma a la salud: mientras el sistema agoniza por cuenta del estrangulamiento del gobierno, los colombianos temen enfermarse; esta vez mientras los colombianos luchan por conservar sus puestos de trabajo, el gobierno le adiciona complejidad a la contratación laboral, dejando el camino a la creciente informalidad y a la contratación por servicios.
El que se discuta el aumento salarial del año 2024 a la vez que se tramita la reforma laboral en momento en que los colombianos están en modalidad “vacaciones” le quita el peso que tiene la discusión y traerá, con estupor, la lapidaria noticia que al freno de las inversiones empresariales por cuenta de la incertidumbre de 2023, iniciado el 2024 darán inicio a programas de adelgazamiento que se vuelvan tan necesarios como su supervivencia misma. El mínimo de consenso en la mesa de negociación salarial, no podrá ser visto en términos ideológicos, de enfrentamiento o pulso entre sindicatos y empleadores, como lo muestra e incentiva el gobierno, sino como un acuerdo de supervivencia de dos partes que se necesitan mutuamente para pasar el trago amargo de una economía conducida con sesgo ideológico. Por favor, pregunten en el sindicato de Ecopetrol por los efectos adversos de las políticas de la persona a quien confiaron en las elecciones del 2022 el futuro de los colombianos: su testimonio hoy, no puede pasar desapercibido.