En frase escrita en la entrada del bloque No. 4 del campo de Auschwitz, se encuentra la atribuida al poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”, y aunque la memoria de hechos luctuosos horrendos me taladre el alma, considero que hay que recordarla para no caer en los mismos errores, por eso, evoco dos graves sucesos ocurridos en el mes de noviembre y que marcaron nefastamente el destino de nuestra patria.
El primero de ellos el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, con posterioridad a un proceso de paz iniciado por el entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas con los alzados en armas, entre éstos, con el grupo guerrillero M-19, el que a sangre y fuego asaltó el Palacio de Justicia, en una acción demencial, coincidente, con el análisis que realizaban los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del tratado de extradición y con las amenazas que a éstos les habían efectuado los denominados “extraditables”, según denuncias que ellos habían formulado.
Se trató de una toma bárbara, violenta, que arrasó las instalaciones de la justicia, secuestró a más de 350 personas y le costó la vida a más de 60 personas inocentes, encontrándose entre ellas 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces de excelsas, inigualables e irremplazables condiciones y méritos. Esa reprochable e incalificable acción del M-19 afectó la institucionalidad, el balance de poderes y la vida de los colombianos, marcando el declive de la administración de justicia, propósito que justamente sirve a puntuales y determinados sectores políticos.
El llamado Movimiento M19, desde la anunciada campaña publicitaria que le antecediera, se conoció como un grupo subversivo que inició su accionar con el robo de la espada de Bolívar. En su trasegar se encuentran otros sangrientos eventos, como el asesinato al líder sindical José Raquel Mercado; el secuestro a Gloria Lara, de quien se conoció después el trato inhumano y torturador al que fuera sometida y quien perdió la vida en poder de ellos; más de quinientos colombianos secuestrados, la mayoría de ellos con fines extorsivos, como el de Camila Michelsen, la hija del banquero mas importante de aquellos años.
Y, por supuesto la toma de la Embajada de la República Dominicana en la que siempre se dirá pagaron cuantioso rescate para liberar a los embajadores secuestrados. También fueron los autores del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado.
El otro grave evento a recordar aconteció el 2 de noviembre de 1995, cuando se cometió el magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), destacado líder conservador, promesa de guiar al país por la senda republicana del respeto, la autoridad y la primacía de los principios.
Lamentablemente pudieron más los intereses ocultos de los asesinos que le segaron su vida en un execrable asesinato cometido a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, la cual ayudó a fundar. Al dolor de su pérdida se une la tristeza de que han transcurrido 26 años de su asesinato y a hoy el crimen permanece en completa impunidad. Quien tanto abogara por la justicia hoy inmerecidamente tiene en ella la más completa injusticia, pese a los esfuerzos de su familia para el esclarecimiento de la verdad. Lo que se conoce es que se acude a todas clase de artimañas para desviar la investigación.
Son dos hechos de gravedad extrema, que no podemos dejar en el olvido, máxime cuando siendo lo obvio y lógico que el Estado Colombiano persiguiera y judicializara de manera ejemplar al grupo terrorista que causó el Holocausto del Palacio de Justicia, hubiera optado por esa absurda y extraña generosidad que motiva a los líderes de antaño y de ahora a conceder inmerecidamente amnistías y perdones, lo que conduce a un imaginario social que deslegitima y transforma la realidad.
El Presidente Virgilio Barco Vargas, desconociendo aquella máxima predicada por Sir Winston Churchill “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”, aperturó el inició de entrega de perdones y olvidos, inmerecidos por cierto, a los integrantes del grupo subversivo. Ese es por cierto el antecedente de la Ley 77 de 1980, cuando infortunadamente le dieron a las atrocidades de esos individuos el alcance de ser tenidas como “delitos políticos”.
Qué absurdo el que se cometió y que hoy se sigue replicando, sin que el pueblo colombiano conozca justicia diferente a que con sus impuestos, que no con dineros de los victimarios, se indemnicen a las víctimas.
Pero la mayor generosidad y entrega jamás vista en anteriores procesos de paz fue la negociación hasta hoy fallida del Acuerdo de Paz de la Habana.
Ya han transcurrido cerca de 5 años de su firma y no solamente se desconoce la verdad, sino que ausente se encuentra la reparación y la no repetición. Tampoco a la fecha de esta columna se conocen condenas a ninguno de los autores de atroces crímenes, pero sí gozan de todo tipo de privilegios. Quizás, quienes celebran los procesos de “paz” borran de su memoria el fracaso de los acuerdos, por eso la historia se repite, sumiendo al pueblo colombiano trabajador y honesto en una prolongada crisis.
Los gobiernos que así han procedido no sólo se arrodillaron, expusieron al país a un futuro oscuro y espinoso. Es una paradoja observar que quien como miembro del grupo subversivo M19 trastornó gravemente la institucionalidad del país, hoy pretenda ser el regente del mismo y ocupar el solio presidencial. Recordar eventos pasados nos sirve para mantener activa la memoria, a la vez que nos permite pensando en el pasado planear nuestro futuro. No podemos ser “desmemoriados”.
Bogotá, D.C. noviembre 6 de 2021
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
