Por: Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
Tradicional y constitucionalmente el rol de nuestras fuerzas militares y de policía ha sido y es la defensa de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Así lo dispone el artículo 2 de la Constitución. Esa misión solo puede cumplirse salvaguardando la seguridad en todo el territorio nacional. Es este un requisito fundamental. Y es por esta razón que se les entregan armas cuya custodia queda a su cargo. La función que cumplen les ha hecho merecedores de respeto y admiración. Hoy, desafortunadamente, esto ha cambiado, en un sector de la población. Por eso es imperativo que nos preguntemos: ¿qué ha pasado?
Recordemos algunos de los incidentes que se han presentado últimamente: la imagen de aquel indígena que, machete en mano, amenazaba a un soldado de la Patria, los reiterados secuestros, los asesinatos. Y no se hace nada. A los indígenas se les ha dado a entender que en sus territorios ancestrales y también en otros lugares de la geografía nacional pueden hacer de las suyas contra las autoridades representadas por las FFMM y de Policía. Y el gobierno reclama libertad para los individuos que haciendo parte del grupo llamado Primera Línea han intentado hasta quemar policías en los CAI.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en Los Pozos, San Vicente del Caguán. Allí una turba ilegalmente armada que resultó formada por guerrilleros de las disidencias Farc Ep disfrazados de «guardia campesina» secuestró a 79 policías del Esmad y asesinó a sangre fría a uno de ellos. Los policías habían sido desarmados previamente, cosa que no resultó difícil pues solo contaban con lanzagranadas de humo. Pese a sus ruegos no se enviaron refuerzos “para evitar una masacre”, según dijo el Presidente, situación que culminó con una tragicomedia protagonizada por los ministros del Interior y de Defensa. Muchos otros casos han tenido ocurrencia, recientemente se encuentra el suscitado en la Comunidad Indígena de Toribío Cauca, en donde fueron secuestrados 16 miembros de las Fuerzas Militares, quienes se encontraban en el lugar por una orden de la Fiscalía para capturar, al parecer, a un cabecilla disidente de las Farc.
Esa conducta, quizás, obedece a que quienes así actúan olvidan que las Fuerzas Militares y de Policía desarrollan un servicio, actividad dispuesta desde la Carta Fundamental para satisfacer necesidades propias del Estado, tal como la defensa, para la cual se les dota de los instrumentos indispensables, y les es tan perteneciente que se les conoce también con el nombre de personal de armas, de donde no es de recibo que ante el asomo de agresión renuncien a su misión y permitan que se les despoje de sus armas, ya que un militar desarmado pierde buena parte de su esencia y de su razón de ser.
En todas las Fuerzas Militares del hemisferio y del mundo cuando se les hace entrega de las armas al personal incorporado, en ceremonia especial, el orgullo de quien las recibe es evidente. Para los soldados es la compañía irrenunciable. La conducta de quienes se incorporan a las instituciones del Ejército, La Armada, la Fuerza Aérea (FAC) y la Policía se encuentra sometida a reglas y por tanto a valores y principios ligados a su profesión, por ejemplo el honor, la valentía y el coraje, los que además rigen el desenvolvimiento de sus respectivas vidas. ¿Cómo es posible que en este país, bajo la política de la paz total, se abra el peligroso camino de no actuar, de dejarse desarmar?
¿Será por ventura que ante la imposibilidad de las organizaciones criminales de derrotar a las Fuerzas Militares y a la Policía, el camino que ahora se sigue para su rendición es el de desmoralizar las tropas, humillarlas y obstaculizar la ejecución del trascendental papel que tienen en un Estado Social de Derecho? Al parecer, sí. Por ello no se les autoriza actuar cuando deben hacerlo, no se les dota de los instrumentos indispensables para cumplir con su rol, se justifican sus secuestros y demás conductas que van en detrimento no sólo de los hombres y mujeres de armas, sino de los habitantes de Colombia que ven seriamente comprometida su seguridad y la democracia del país. Como resultado de los mencionados hechos y de muchos más, militares y policías han estado pidiendo la baja. Se comprende, dadas las malas condiciones en que se encuentran. Pero el Mindefensa «se hace el loco» y dice que todos los años se produce un gran número de renuncias, que no pasa nada.
Total razón le asiste al señor Fiscal en recientes declaraciones que advirtió que en Colombia no hay Política de Seguridad, por lo cual el asesinato del subintendente Ricardo Monroy y el secuestro masivo de los demás policías, así como de los militares, imponen que se responsabilice a los autores de tan graves hechos.
Ante este panorama, inquieta la reincorporación del General William René Salamanca Ramírez a la Dirección de la Policía, una vez provocada la salida del general Henry Sanabria. Y no solo porque se abre la posibilidad de un “desquite” por parte del nuevo director sino también porque puede estar en marcha una estrategia de demolición de la institución.
El general retirado William René Salamanca fue traído desde el consulado de Miami para asumir la Dirección de la Policía. A él se le ve como responsable del despido de un alto número de generales durante la presidencia de Petro al asumir la coordinación general del empalme del sector defensa. De manera que su regreso puede envolver un indescifrable entramado.
