Por Eduardo Mackenzie
Los presidentes de las altas Cortes que conmemoraron antier los 40 años del sangriento asalto del M-19 contra el Palacio de Justicia de Bogotá, no incluyeron la menor nota de agradecimiento a las fuerzas militares y de policía que pagaron un precio en sangre al enfrentar a los terroristas que habían invadido ese lugar, ametrallando a los desprevenidos guardianes y ascensoristas del edificio. En ese asalto, el M-19 eliminó, además, en 48 horas, 33 magistrados, magistrados auxiliares, abogados asistentes y auxiliares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Los militares y policías ingresaron al palacio para ponerle fin a esa matanza. Tras dos días de combates, ellos neutralizaron a los agresores y rescataron a 259 personas que estaban en poder de éstos en calidad de rehenes. Esos héroes fueron ignorados antier.
¿La intervención de la fuerza pública no fue acaso legal y pedida expresamente por el presidente de la República, Belisario Betancur? Este se negó a caer en la trampa que le tendían los asaltantes. Ellos querían paralizar las fuerzas del orden mediante el ardid de “negociar” una tregua como habían hecho varias veces durante el mandato de Belisario Betancur con resultados nefastos para el país.
Los oradores de la conmemoración de los 40 años hubieran podido agradecer la acción del Ejército y de la Policía en el Palacio de Justicia. No lo hicieron. Los cinco oradores tocaron otros puntos, pero no dijeron una palabra al respecto. Todo indica que ellos, 40 años después de esos trágicos hechos, siguen prisioneros de alguna manera, o bajo la influencia, consciente o no, de las ficciones del M-19.
Tras su fracaso en esa operación el M-19 inventó una historia falsa de ese episodio sangriento, para desplazar la culpa hacia el gobierno y la fuerza pública, siguiendo la regla habitual de las organizaciones subversivas de Colombia y de otros países. Esa corriente fabricó falsas narrativas sobre la huelga de las bananeras de 1928, sobre el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, sobre la aparición de las «republicas independientes” en 1961, sobre la emergencia de las Farc en 1965, sobre el asesinato del líder sindical José Raquel Mercado en 1976, sobre el secuestro y asesinato de Gloria Lara en 1982 y, más recientemente, en 2025, sobre la razón del asesinato del senador antipetrista Miguel Uribe Turbay.
Es lamentable que los presidentes de las altas Cortes no hayan tenido el tiempo para investigar y sacar sus propias conclusiones sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. En los discursos de antier –muy dignos y acertados sobre todo cuando rechazan las declaraciones de Gustavo Petro sobre los hechos de 1985–, no parece haber una posición clara sobre quién fue el agresor, quienes fueron las víctimas y quienes salvaron al país en esos dos días.
Los magistrados no son culpables de ese estado de espíritu. La operación de desinformación montada por el M-19, con la complicidad de las otras guerrillas narco-comunistas y de los publicistas bajo influencia de la extrema izquierda, fue vasta, exitosa, persistente y continúa hasta hoy. El M-19 se dio a esa tarea: imponer su maligna inversión, aparecer como defensor de los oprimidos y víctima de un Estado “fascista”.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez Najar, acertó cuando dijo que cuarenta años después “no se ha contado la verdad histórica” y que, señalando con precisión el vocablo infame utilizado por Gustavo Petro, subrayó que “la toma del Palacio no fue una acción genial, sino un acto terrorista”. Sin embargo, él dice, al mismo tiempo, que todavía tiene dudas.
Mauricio Rodríguez Ramayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, estima que la “toma y retoma” del Palacio de Justicia fue la “crónica de una muerte anunciada”. ¿No puso en esa frase un signo de igualdad entre los asaltantes y los combatientes del Ejército?
Dudas y signos de igualdad inicuos. Basta ya de eso. Hay que aceptar que la verdad se abre paso contra el oscurantismo de los matones del M-19. Y que, en realidad, gran parte de las dudas han sido disipadas.
La verdad había comenzado a emerger de manera temprana gracias al Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia del tribunal Especial de Instrucción, firmado por los jueces Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, el 31 de mayo de 1986. Ese informe fue objeto de maniobras para que el gran público no lo leyera, aunque fue publicado por el Diario Oficial del 17 de junio de 1986.
La verdad también apareció triunfante en las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación y, sobre todo, en el célebre salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, de agosto de 2012 , y en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que absolvió, en casación, el 16 de diciembre de 2015, al coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la unidad blindada que combatió a los terroristas dentro del palacio de Justicia, por lo que después fue convertido en víctima: durante 8 años y medio fue detenido injustamente, por culpa de una instrucción judicial aberrante, corrompida, plagada de “errores, impresiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”, y por “invención de situaciones, de hechos y de actores cambios dramáticos y radicales de versiones de los testigos”, según el magistrado Hermens Darío Lara Acuña en su salvamento de voto. Esa labor del magistrado Lara Acuña, a quien le tomó 16 meses de trabajo ininterrumpido, hizo que la verdad emergiera, por fin.
Sin embargo, para el magistrado Ibáñez las dudas persisten. ¿Cómo es posible eso? Es lamentable que esa sea su posición después de la sentencia de absolución del coronel Alfonso Plazas Vega, después de que quedara en firme esa sentencia absolutoria, después de la aparición de los cuatro excelentes libros escritos por el coronel Plazas Vega (1.405 páginas en total), donde él logra desmontar, detalle por detalle, los mecanismos de la impostura del M-19, y después del Informe del tribunal Especial de Instrucción, de los jueces Serrano Rueda y Upegui Zapata ya citado.
Influencia de narrativas falsas y olvido de los héroes
¿Por qué esos valiosos documentos, que separan la mentira de la verdad, siguen siendo dominados por la narrativa absurda del M-19 y de los actores judiciales que se alinearon desde el principio con aquellos por razones ideológicas?
Es hora de que los presidentes de las altas cortes abandonen su elegante escepticismo. En la categoría “víctimas” no solo cuentan el personal civil y los magistrados que murieron en el palacio de justicia. También cuentan los 11 militares y policías que perdieron la vida o los 31 que fueron heridos en esa batalla y los militares que fueron detenidos injustamente y que son, como el general Arias Cabrales, víctimas aún hoy de las intrigas del M-19. Ellos deben ser plenamente absueltos y reconocidos como héroes. Sin ellos Belisario Betancur habría sido derrocado y Colombia habría perdido definitivamente su libertad.
¿Cómo es posible que el general Arias Cabrales, a sus 90 años, siga preso? ¿Y qué decir de las familias de los militares y policías que murieron en la batalla del 6 y 7 de noviembre de 1985? ¿Y de los que sobrevivieron y ayudaron a rescatar a los rehenes? Algunos ya murieron, otros han perdido la memoria. ¿Por qué siguen siendo invisibles para la justicia y los medios? Es como si no hubieran existido.
Si el escepticismo confortable persiste la justicia seguirá siendo vulnerable y las engañifas grotescas de la subversión ganarán de nuevo. Ya comienzan a surgir signos de eso en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Abramos bien los ojos y aprendamos de la Historia. De la verdadera Historia.
