Tras la tormenta, la ministra del Interior, Alicia Arango, volvió a entrar en escena, con las manos vacías y con un discurso progresista indigesto.
Sin una idea para superar el traumatismo que dejan en la ciudadanía los vándalos que destruyeron una parte de Bogotá del 8 al 10 de septiembre, ella piensa en una cosa: en “transformar” la Policía.
Su ausencia durante las asonadas sangrientas debe tener una razón. Sin embargo, su contribución para frenar la mano de los predadores armados por el Eln y las Farc no es un misterio. Parece que ella salió de esa coyuntura con una gran inspiración: el problema es la Policía Nacional y ésta debe ser reformada.
Ella habla, claro, de “transformación”, pero ese sinónimo no engaña a nadie. Lo que preconiza parece ir lejos: “Queremos una Policía mucho más cercana a los ciudadanos, más moderna y mucho más profesional”.
La policía en las sociedades reales como Colombia, con formas agravadas de delincuencia, con bandas asesinas bien entrenadas y financiadas, y hasta con carteles de droga mexicanos que hacen lo que quieren en el suelo patrio, no tiene por meta acercarse a los ciudadanos, ni hacer el trabajo de las hermanas de la caridad. Como parte importante de la Fuerza Pública, la Policía está para proteger a la población.
Alicia Arango estima que la Policía nacional no es “profesional”. Pero la profesionalidad de la policía radica no en arrodillarse ante los bandidos, ni ante los amotinados, como exigen las sectas marxistas en estos momentos, sino en tener una doctrina de intervención apropiada y los medios técnicos para impedir que los delincuentes atenten contra la nación.
Ese es el ABC de todo ministro del Interior. Alicia Arango, sin embargo, propone lo contrario. Acusar a la Policía de tener una deficiente formación en derechos humanos es mentir. Ella lo sabe. La ministra olvida los sacrificios tremendos que hace, y que ha hecho durante decenios la Policía en todo el país, para limitar, sin romper con las reglas que dicta la ley, la acción de los violentos y de los delincuentes de cuello blanco, a pesar de los medios insuficientes que le da el Estado.
El fardo que pesa sobre la Policía y las Fuerzas Armadas al encarar cada día la acción del narcotráfico, de los escuadrones narco-comunistas, de la delincuencia común y de los extraños “colectivos” armados con garrotes y machetes que intentan sacar a la fuerza pública de ciertos territorios, es enorme. Hay que reforzar más bien la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Para aparecer como “progresista” y “moderna”, Alicia Arango adopta el lenguaje y las supercherías de Claudia López, quien exige “desmilitarizar” la Policía y convertirla en cuidandera de jardines infantiles y que inventó eso de substituir la Policía por grupos de madres de familia que calmen las manifestaciones desbordadas.
La alcaldesa verde trata de introducir en Colombia el invento socialista de la “policía de proximidad” que hizo tanto mal en Francia. La idea es que para “preservar la paz social” los policías pasean y charlan con la gente durante el día y al caer la noche dejan los barrios en manos de los delincuentes. El resultado fue una catástrofe que sacó de la vida política a Lionel Jospin.
En lugar de denunciar la destrucción sistemática de los CAI por la subversión armada, la ministra Arango se fue al extremo opuesto y habló, como Claudia López, de perfeccionar la vigilancia –no de las nuevas milicias urbanas— sino de “de cada actuación de los uniformados”.
“El policía debe tener muy claro cómo debe actuar ante una situación específica y el ciudadano debe conocer cómo debe ser esa actuación”, afirma la ministra del Interior. Pero eso fue lo que hicieron los policías agredidos del 8 al 10 de septiembre. El general Hoobert Penilla, excomandante de la Policía de Bogotá, explicó, este 15 de septiembre, que los policías que tuvieron que hacer uso de sus armas lo hicieron para defender sus vidas: ellos no estaban en las calles ni en las manifestaciones. Ellos estaban lejos, en sus CAIs. Los vándalos llegaron hasta ellos para matarlos e incendiarlos dentro de las CAI. Claudia López agrava la confusión al omitir ese detalle crucial y al deslizar la especie de que esos policías habían “llevado armas a la manifestación”. En esos tres días, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, los ataques fueron premeditados, lo que dejó, en sólo Bogotá, 11 personas muertas, 116 policías heridos y 69 cuarteles policiales atacados (95 en total). En todo el país, 315 policías fueron heridos.
La alcaldesa López sabía qué había pasado y no salió en defensa de la fuerza pública sino que hizo lo contrario: defendió a los vándalos a quienes mostró, en sus declaraciones arrevesadas, como víctimas. ¿Cómo la ministra del Interior, uribista de la primera hora, fue capaz de retomar los simbolismos, la retórica y la ideología de la líder verde bogotana?
La ministra del Interior insiste en la teoría de que la “protesta” callejera es un derecho. Dice: “Hago un llamado a quienes quieren protestar a que lo hagan de manera pacífica”. ¿En qué época y en qué país cree estar la ministra Alicia Arango? ¿Qué le han dejado al país las “protestas pacíficas”? ¿Un país sosegado? Las “protestas” son, en realidad, el escenario perfecto de las milicias armadas para ir a matar policías en la mayor confusión. Y para reforzar la dinámica subversiva: después de los estragos, muertos y heridos, la segunda fase es la culpabilización de la Policía y las movidas dentro del gobierno, en la justicia, en el Congreso y en las calles, para debilitar aún más el Estado y la fuerza pública.
“No podemos desconocer que si hubo actos ilegales, ilícitos de la institución, deben ser sancionados drásticamente”, declaró la ministra. Elemental. Pero una cosa es sancionar los actos ilegales y otra transformar la institución. Gustavo Petro, quien instigó y coordinó desde su casa las acciones violentas contra Bogotá, quiere, sobre todo, lo segundo. La ministra olvidó que no puede haber sanciones sin investigación previa, investigación detallada y minuciosa, para saber qué ocurrió y quien disparó y en qué circunstancias. Petro no quiere que haya investigación, como su partido el M-19 impidió que la matanza que ellos cometieron en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, fuera investigada seriamente. La confusión les permitió invertir la culpa y perseguir a los militares que salvaron el país ese día. Piense en eso, señora ministra.
