Por Bernardo Heano Jaramillo.
Los diferentes medios de comunicación han informado que desde el momento en que asumió Petro la presidencia de Colombia las invasiones a la propiedad privada y fiscal se han “disparado” y quienes ilegalmente ingresan a los predios justifican su actuar en el discurso y las promesas del gobernante. El pasado 8 de octubre se le comunicó al país la celebración de un acuerdo entre el gobierno y el gremio de los ganaderos, Fedegan, para «lograr la compra y venta de tres millones de hectáreas de tierras». Es claro que ese gremio se encuentra inhabilitado para ser el vendedor, pues son únicamente los propietarios de las tierras los legalmente llamados a venderlas. Ya desde 1994 la ley 160 hizo muchas precisiones sobre el manejo de tierras.
Por supuesto, los colombianos se sorprendieron por la celeridad con la que se celebró ese acuerdo y se generaron muchas suspicacias. Incluso, se apreció que el mencionado convenio bien podría ser una respuesta al chantaje, a la provocación de las invasiones de tierras que en el sur del país se han convertido en poco tiempo en una verdadera plaga que afecta gravemente la propiedad privada y el sector de los trabajadores y que se ha replicado en varias zonas del territorio. No falta quien cree que se cedió y se cayó de rodillas ante el chantaje.
El presidente del gremio, algunos integrantes de la junta directiva y desde luego el gobierno concurrieron prontamente ante los medios para manifestar que se trata de un acuerdo histórico y enfatizaron que se comenzaría a cumplir con el primer punto del malogrado Acuerdo de la Habana, suscrito con las antiguas Farc- Ep.
Pero, puesto que todo se hizo de modo improvisado y con inusitada urgencia, el Ministro de Hacienda, quien extrañamente no había sido consultado, les aguó la fiesta al dejar conocer que los tres millones de hectáreas no se podían adquirir con bonos de deuda pública y entonces se armó la grande. El apaga incendios de la Hacienda pública manifestó lo siguiente: «En el ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se puede[n] comprar tierras con Tes. Eso no está autorizado.»
Es de imaginarse la «piedra» que se le salió al presidente ante tamaña desautorización. Desde Caldono, Cauca, aseguró que uno de los enemigos del gobierno «es la misma normativa que este tiene en su funcionamiento y ha regido durante años.»
Quien dijo miedo! Acostumbrados a interpretar todo en las redes de manera extra rápida los opinadores e influencers dejaron saber que de quien se trataba era del Minhacienda, José Antonio Ocampo. Era él el enemigo al que aludía el Presidente.
Y se desató una tormenta aduciendo la forma irresponsable en que se trató este asunto. Yesid Lancheros expresó que se entendía como un cuestionamiento al ministro por lo cual el jefe del Estado le espetó en su cuenta de Twitter: «Deja de sembrar cizaña Yesid. El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional”. Legislación en la que en mucho, valga decirlo, intervino como congresista el hoy presidente.
Dada la forma de actuar de la izquierda radical no es de extrañar la descabellada manifestación que al respecto hizo el senador Iván Cepeda. Desde su cuenta de Twitter tuvo el atrevimiento de expresarse así: » El presidente @petrogustavo tiene toda la razón: nuestro enemigo interno es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante. Debemos liberar la imaginación política de esas taras, ejecutar los cambios, no anclarnos en procedimiento eternos”. Olvido que ha sido congresista por más de una década y que sólo el acatamiento a la ley impide la arbitrariedad, máxime cuando no se puede predicar la presencia de un buen gobernante.
Entonces, muy grave y peligrosa resulta esa manifestación. Cepeda destapó las cartas y levantó el velo con el que ha estado cubriendo su pensamiento comunista, formado en los claustros universitarios de los adoradores de Stalin y Lenin, quienes, dicho sea de paso, figuran entre los mayores asesinos de toda la historia de la humanidad.
Esta postura del presidente y del senador constituye la revelación del despotismo que buscan implementar, una ofensa al pueblo colombiano y el desconocimiento del Estado de Derecho. Pretenden volver al más descarado absolutismo y pasar por encima de las instituciones construidas con gran esfuerzo a lo largo de los años de democracia. Sin duda el presidente anhela emular al Rey Sol, Luis XIV, quien reinó en Francia entre 1661 y 1715. Es célebre su frase «El Estado soy yo». Hamilton escribió “La mayoría de aquéllos que han subvertido la libertad de las Repúblicas, iniciaron su carrera tributando al pueblo un obsequio cortesano: empezaron como demagogos y acabaron como tiranos”. ¿Es esto admisible en el siglo XXI? Ese sistema decayó en los últimos años del siglo XVIII, y fueron las clases desfavorecidas las que lo combatieron por absolutista voraz y generador de desigualdad social, para encaminarse hacia un gobierno constitucional.
La verdad es que mostrar tanto desprecio por las normas habla muy mal de este gobierno por no decir que resulta aterrador. Por ello y por lo que ya se sabe que piensan hacer, amén de lo que ya han hecho, es por lo que la calle nos espera en las marchas del 22 y del 29 de octubre y en cuantas sean necesarias en el futuro, incluso, si es el caso, organizando acompañamiento para quienes ya anunciaron un paro.
Columnista de Opinión
