¿Colombia está realmente en capacidad de elegir un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República en abril próximo?
A solo un mes de las elecciones de Congreso el caos se extiende en la Registraduría del Estado Civil, el principal soporte institucional y operativo de las elecciones en Colombia.
Este 3 de febrero, Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional, le pidió la renuncia inmediata, sin dar explicación alguna, a todos los registradores departamentales, especiales y auxiliares. En pocas horas, 66 de esos funcionarios obedecieron la orden. Se supone que otros registradores más se verán forzados a inclinarse ante la exigencia de Vega Rocha. Los medios explican que tal medida creó un ambiente de confusión y pesimismo en esa dependencia del Estado. ¿Sin ese personal, y en ese clima de derrumbe moral, la Registraduría podrá abordar con serenidad las elecciones en los departamentos y los escrutinios a nivel nacional?
Noticias Uno, difundió las declaraciones de un ex registrador delegado quien acusó a Vega de haber “prostituido” la Registraduría con acciones clientelistas. Explicó que Vega –un funcionario que hizo o hace parte de la tendencia política que dirige el ex presidente Juan Manuel Santos–, masificó esas renuncias para poder nombrar de urgencia a otros funcionarios y congraciarse así con los políticos que según él saldrán vencedores en las próximas elecciones de marzo.
¿Con qué personal piensa el Registrador Nacional suplir las vacancias que ha creado con esa extraña orden? ¿Cómo harán los nuevos registradores departamentales, especiales y auxiliares que serán nombrados a las carreras para formarse jurídica y técnicamente para poder ejercer la vigilancia adecuada de esos procesos?
Otro elemento que ennegrece el panorama de la Registraduría bajo Vega es el escándalo que estalló en diciembre pasado sobre la compra o alquiler del software que hará el escrutinio nacional de las elecciones de Congreso y Presidencia de la República.
El 19 de enero pasado, Alexander Vega declaró que la Registraduría Nacional había “adquirido el software de escrutinio nacional” y que ella y no una empresa privada realizará esos escrutinios. Sin embargo, Vega no dio la prueba de que los expertos de la Registraduría podrán manejar y controlar las nuevas y sofisticadas máquinas de votar y contar. Vega, además, calló el nombre de Indra Sistemas, la empresa española que habría vendido o alquilado esos equipos a la Registraduría. ¿Por qué el Registrador Nacional aborda en forma tan poco transparente esos detalles que tienen que ver con la pureza o no de las votaciones que vienen?
Indra está dirigida por Marc Murtra, un militante del Partido de los Socialistas en Cataluña (PSC). Murtra fue jefe de Gabinete de Joan Clos, militante del PSOE y ex ministro de Industria.
Resulta que ahora se ha descubierto que Indra Sistemas no solo tiene, desde hace varios años, vínculos con Smartmatic — la empresa que le ayudó a Hugo Chávez a mantenerse en el poder durante 14 años mediante elecciones fraudulentas utilizando máquinas de votar–, sino que Indra tiene también lazos tecnológicos y de negocios con otra empresa que acumula acusaciones en varios continentes: Huawei. El mastodonte chino de telefonía celular y redes G-5 ha sido expulsado de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. A su vez, el Reino Unido y Suecia ordenaron a Huawei retirarse de esos países por cuestiones de seguridad nacional. Los gobiernos de todos esos países acusan a Huawei de estar bajo el control del Partido Comunista Chino.
En esas condiciones, la situación es muy inquietante para Colombia. La Registraduría, pocos meses antes de las elecciones de Congreso y de presidente de la República, compró o alquiló máquinas de voto electrónico y de conteo de votos a una empresa española que comercializa instalaciones y maquinas informáticas o digitales de una empresa relacionada con escándalos electorales e, indirectamente, con otra que ha sido acusada de ser un instrumento de espionaje de la China comunista.
En un comunicado, las empresas Huawei e Indra dijeron que en 2017 ellas firmaron “un Acuerdo Marco Global” para desarrollar “soluciones TIC conjuntas para múltiples sectores”. Y agregaron: “Esta alianza permitirá a los clientes de ambas empresas ofrecer soluciones y servicios más competitivos, alineados a sus necesidades y nuevos modelos de negocio”, mediante el establecimiento de “grupos de trabajo conjuntos para colaborar en la comercialización de nuevas soluciones competitivas y asegurar negocios futuros juntos en todo el mundo.”
Huawei fue acusada en febrero de 2020, según la AFP, de robo de secretos industriales y esquivar las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte. También ha sido acusada por Washington de espiar para el gobierno chino. El fiscal federal de Brooklyn, Richard Donaghue, inculpó a Huawei por robo de secretos industriales desde el año 2000, y por haber alentado a sus empleados, en 2013, a “robar informaciones confidenciales de rivales” con sede u oficinas en Estados Unidos.
En mayo de 2019, Nicolas Maduro anunció que Venezuela “invertirá en telecomunicaciones asociándose con Huawei, ZTE y otras empresas chinas y rusas”.
¿Los equipos vendidos por Indra a Colombia, equipos de voto electrónico, recuento, totalización y difusión de resultados, funcionarán con tecnología de Huawei?
Este 10 de febrero, en Bogotá, la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció que “el 28% de los municipios colombianos podrían sufrir “fraude electoral como resultado de la presión de los grupos armados en las elecciones” de marzo y mayo de 2022.
La sociedad civil colombiana está en todo su derecho de pedir explicaciones al Registrador Alexander Vega por el contrato que firmó con Indra, empresa que tiene lazos con entidades que operan a sus anchas en Venezuela y en otros países hostiles a Colombia.
¿Quién en la Registraduría está en capacidad de detectar y neutralizar intrusiones distantes sobre los equipos vendidos por Indra? ¿Quién en la Registraduría está en capacidad de examinar si en el nuevo software hay códigos maliciosos? ¿Qué consejo de vigilancia de la Registraduría va a asumir la enorme tarea de examinar las miles de líneas de códigos informáticos de esas máquinas de escrutinio?
El Registrador Vega le pide al país que confíe en lo que él dice y hace. Pero él no responde a las preguntas legítimas de la prensa ni de la sociedad civil. Hace una semana, el Grupo Atenas de Bogotá envió al Registrador un derecho de petición con preguntas muy precisas sobre la compra del software de Indra. Al momento de redactar esta nota no ha recibido respuesta del Registrador.
¿Podemos confiar a ciegas en la Registraduría Nacional cuando sabemos que el desorden reina en estos momentos allá y cuando sabemos que estas elecciones son una cuestión de seguridad nacional?
Hay otros hechos preocupantes que se suman a lo anterior:
–Las violaciones al reglamento electoral de la campaña de Gustavo Petro no han sido objeto de investigación ni de sanción por parte de la Registraduría ni de la Comisión Nacional Electoral (CNE).
–Los sistemas de control de la programación de las máquinas de votación electrónica para el conteo y la transmisión de datos de los escrutinios de las elecciones de 2022 no han sido explicados por el Registrador al CNE ni a las instancias técnicas del Gobierno, ni a los partidos políticos.
–Nada sabe la opinión sobre si fue realmente superado el problema de la disparidad sobre el número de cédulas de ciudadanía entre el DANE y la Registraduría, sobre todo en el municipio de Soacha. “Los colombianos somos más de 55 millones y no 50 como asegura el Dane”, dijo en octubre pasado Vega Rocha, quien remató: “Las bases de datos del DANE no son confiables”. El DANE, una institución conocida por su seriedad, objetó que calcular en número de habitantes basándose en los registros de nacimiento, como hace la Registraduría, sin cotejar las cifras de la emigración, infla la cifra global. El censo electoral sale de las cédulas inscritas ante la Registraduría Nacional. ¿Para qué servirán esos cinco millones de ciudadanos flotantes?
— La Registraduría tampoco ha explicado los extraños aumentos en las inscripciones electorales en varios departamentos donde operan las bandas narco-terroristas.
–Ni la Registraduría, ni la Comisión Nacional Electoral (CNE), ni el gobierno nacional, han tomado medidas para sacar a FECODE de las mesas de votación. Ese sindicato marxista advierte que sus agentes en los centros de votación “no dejarán que la derecha se robe las elecciones”. Según ellos los resultados no pueden ser sino favorables a Gustavo Petro.
–¿Cómo puede el Estado colombiano tolerar que un sindicato de maestros ejerza tal control en los centros de votación? ¿No es eso tan escandaloso como permitir que el Estado le pida o tolere que FEDEGAN, o a la ANDI, controlen, a nivel nacional, las mesas de votación el día electoral?
–El expresidente colombiano Andrés Pastrana denunció que el candidato socialista Gustavo Petro se había reunido en España con el director de Indra durante un viaje reciente. Indra niega, sin aportar la prueba, haberse reunido con él. Un grupo de seis congresistas españoles, del partido conservador Vox, le exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que “aclare si conocía los objetivos de la reunión que pretendía mantener el presidente de la empresa Indra con Gustavo Petro”, y si conocía “las razones por las que finalmente no se produjo el encuentro”.
–Los encuentros y los posibles acuerdos secretos de Gustavo Petro con partidos extremistas españoles y con el gobierno socialo-comunista de Pedro Sánchez, y la entrevista sin testigos entre Petro y el jefe socialista español Rodríguez Zapatero, no son objeto de investigación como si Petro fuera el único candidato que está por encima de la ley.
Por esas razones los partidos políticos, el gobierno y la ciudadanía deberían mantenerse en estado de alerta sobre las extrañas condiciones en que la Registraduría y el CNE pretenden realizar las elecciones de Congreso y de presidente de la República.
