El pasado seis de noviembre se conmemoraron 40 años del asalto al Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista M-19.
Para muchos jóvenes que no vivieron ese momento, eso se trató de una incursión guerrillera que tenía el objetivo de presionar al gobierno de turno, y que terminó con una violenta reacción de la Fuerza Pública que ocasionó la muerte de un centenar de personas, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esos jóvenes solo tienen en su memoria la imagen de unos tanques disparando contra la fachada y entrando a la fuerza por una estrecha puerta.
La verdad, es muy distinta. El 6 de noviembre de 1985 el grupo terrorista M-19 ingresó a sangre y fuego al Palacio, asesinaron primero a los vigilantes de turno y al administrador del edificio, y secuestraron a varios centenares de personas que se encontraban allí. Llevaban la misión de asesinar a los magistrados que, precisamente ese día, debatirían la extradición de narcotraficantes. Además, tenían que incendiar los expedientes que allí había de los procesos contra los principales capos del narcotráfico. Los terroristas financiados por Pablo Escobar y por el Cartel de Medellín, cumplieron cabalmente con su misión, aunque no lograron que el presidente Belisario Betancur se hiciera presente para ser juzgado por ellos, por delitos políticos. En ese momento, se adelantaba un accidentado proceso de paz entre el gobierno de Betancur y esa guerrilla, que aseguraba ir al fracaso.
Gracias a la acción del Ejército más de 260 rehenes pudieron salvar sus vidas y se logró recuperar el Palacio de Justicia, con un lamentable resultado: un centenar de muertos y más de una decena de desaparecidos. Uno de los últimos magistrados en morir por las balas del M-19, como lo han demostrado todas las investigaciones, fue Manuel Gaona Cruz, ponente de la ley de extradición.
Como ha sucedido luego de décadas de ataques terroristas en nuestro país, la primera víctima es la verdad. Hoy, los cabecillas del M-19 resultaron amnistiados en un gesto político que, según expertos, excede el alcance de la generosidad de la justicia, pues los delitos de lesa humanidad, como ese ataque, no pueden ser amnistiados. Uno de los que aparecía en esa lista hoy es presidente de la República y, desde ese cargo, enarbola en eventos públicos la bandera del M-19, y recuerda la primera acción de ese grupo, que fue el robo de la espada de Bolívar, y la empuña públicamente. El presidente Petro está empeñado, por ejemplo, en insistir que fueron balas militares las que asesinaron al magistrado Gaona, a pesar de las múltiples aclaraciones que su hijo, José Mauricio Gaona, ha hecho públicamente para demostrar que fue asesinado a sangre fría por orden de Andrés Almarales, uno de los cabecillas al mando de los guerrilleros durante el asalto al palacio.
Otros testigos, como el abogado Gabriel Salom quien sobrevivió al ataque, denunció ante la Comisión de la Verdad que al magistrado Gaona lo mata un guerrillero intencionalmente. Como el asesinato de Gaona, muchos otros detalles del ataque a sangre y fuego del M-19 contra la Justicia Colombiana han tratado de reescribirse.
Belisario Betancur dio la orden a la Fuerza Pública de recuperar a los rehenes, y asumió toda la responsabilidad en las acciones tomadas contra los terroristas. Sin embargo, los líderes del movimiento guerrillero fueron amnistiados y los militares que cumplieron las órdenes del presidente terminaron presos.
Ahora es importante que no se reescriba la verdad y que lo que realmente sucedió forme parte de la memoria histórica del país. Que no se romantice el ataque al Palacio de Justicia y que no se culpe al que no corresponde.
