En nuestro país existen tradiciones que nos deben enorgullecer.
Una de ellas es el buen trato a quienes en nuestro suelo buscan refugio y huyen de gobiernos opresores o de persecución política. Victor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido APRA en el Perú estuvo asilado durante seis años en nuestra embajada de Lima. Años después, Alan García, al dejar la presidencia del Perú, se refugió en Colombia, por considerar que en su país tendría un juicio político injusto. Puede estar uno de acuerdo o no con las posturas políticas de Haya de la Torre y sin duda fue pésimo el primer gobierno de Alan García. Pero el hecho es que en su país no iban a tener un juicio imparcial. Colombia ha dado muchas veces refugio o asilo y esa es una tradición que da prestigio al país.
Hoy, son colombianos de gran relevancia quienes tienen que huir y pedir asilo debido a la politización de la justicia. El problema no es únicamente el resultado final del juicio, que puede ser infame, como en el caso del ex ministro Andrés Felipe Arias condenado por un delito que no quedó probado seriamente y que, de haber existido, no daba para más de unos meses de prisión. Aquí, además, durante el proceso mismo se castiga al acusado. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Arias? Varios años. Sandra Morelli ha dicho que sospechaba que la presión de la Fiscalía, el castigo previo al juicio, vendría separándola de su hijo. Maniobras viles, de ese tipo, hemos conocido. Pero la mala fama de nuestra justicia se propaga en el mundo. Por esa razón, Interpol no ha emitido las circulares que el gobierno colombiano ha pedido en algunos de estos casos.
Pero además resulta vergonzoso que nuestro país, para mantener buenas relaciones con las dictaduras vecinas, entrega a las personas que en nuestro suelo buscan refugio. Para justificar la entrega, las autoridades presentan argumentos absolutamente falsos y ridículos. ¿Cómo podrían ser un riesgo para la seguridad nacional los jóvenes venezolanos, Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés? Ese es un argumento ridículo. La tradición del refugio y asilo se hizo a un lado por la conveniencia política del momento. Fue vergonzosa la entrega de un opositor ecuatoriano, el ex parlamentario Fernando Balda, en octubre de 2012. Prácticamente fue secuestrado por agentes de Correa, pero el gobierno de Colombia, lejos de protestar, formalizó su expulsión. Igualmente inicua es la entrega de los dos jóvenes venezolanos la semana pasada. Todos sabemos cuál será su suerte ante la justicia venezolana. Rafael Nieto Loaiza explica claramente, en una reciente columna, que dicha expulsión también fue ilegal. El país está en todo su derecho, explica, de expulsarlos, pero ellos tienen derecho a salir para un país diferente a aquel donde alegan serán violados sus derechos. ¡Qué tristeza!
