En el año 2000, la imagen de Elvia Cortés Gil, una mujer de 55 años de edad de la Colombia rural, a quien le pusieron una “bomba collar”, fue noticia en todo el mundo. Ella se había negado a pagarles a los terroristas de las FARC un dinero a cambio de “protección”. Estos le pusieron entonces la bomba alrededor del cuello para que pagara $7,500 o de lo contrario sería eliminada. La Policía y oficiales del Ejército de Colombia intentaron durante siete horas desarmar la bomba, pero ésta detonó, decapitó la señora Cortés y mató a un oficial de la Policía. Ese fue uno de los miles de casos de extorsión que ha sido la actividad diaria de las FARC durante décadas.

Las Farc están haciendo eso todavía, pero a una escala mucho más vasta. La actual “negociación de paz” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC es un esquema de extorsión sencillo: utilizando amenazas  y actos  de violencia, las FARC están ofreciendo “paz” o “protección” a cambio de que les dejen controlar el gobierno.

Las FARC son claras en sus exigencias. En una entrevista televisada, el portavoz de las FARC, Rodrigo Granda, dijo claramente: “El objetivo es la toma del poder por cualquier medio de guerra”. Para conseguir eso, ese sindicato del crimen ha coaccionado a los medios de información, a la oposición y al propio gobierno de Santos mediante una campaña de intimidación que es acompañada de actos de violencia brutal.

Elvira Cortés Gil, asesinada brutalmente por los terroristas de las FARC que le colocaron un collar bomba. El oficial del ejército que intentó ayudarla desactivando la bomba, murió también en el intento.

Elvia Cortés Gil, asesinada brutalmente por los terroristas de las FARC que le colocaron un collar bomba. El oficial del ejército que intentó ayudarla desactivando la bomba, murió también en el intento.

Desde que comenzaron las “negociaciones”, hace unos tres años, las FARC han matado o herido a unos 1.000 civiles y a más de 2.000 miembros de las fuerzas armadas, según estadísticas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. En 2015, las FARC realizaron un nuevo “Plan Pistola” que mató a 22 agentes uniformados y a dos civiles. El nombre de “Plan Pistola” fue inventado por el capo de la droga Pablo Escobar en los años 1980. El objetivo de ese plan de las FARC era hacer que Santos ordenara un cese bilateral al fuego. Y Santos obedeció.

Periodistas críticos de esas negociaciones han sido amenazados para que guarden silencio. Darío Acevedo Carmona, por ejemplo, columnista del diario El Espectador, tuvo que suspender su columna después de que las FARC lo amenazaron de muerte a través de la página web Anncol, órgano de las FARC. Esta escribió que si no lo “desescalaban”  iba a ser “difícil ‘aclimatar’ la paz dentro de la ‘familia colombiana’”. (El énfasis es de ellos, no es mío).

Los periodistas saben que las amenazas son reales. El 15 de mayo de 2012, Fernando Londoño, quien dirige un popular programa de radio, fue gravemente herido durante un atentado con bomba en Bogotá  que dejó dos muertos y 39 personas heridas.

La extorsión también ha sido utilizada  para controlar el gobierno a nivel local.  Un ejemplo reciente fue el asesinato, en agosto de 2015, de Genaro García, el líder de un Consejo de la comunidad afrocolombiana en la región del Pacífico de Colombia. Las FARC le exigieron al Sr. García que renunciara a su puesto en ese Consejo. Como él se  negó a eso, fue asesinado.

El blanco principal de ese vasto plan de extorsión es el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, líder del partido de oposición Centro Democrático. A pesar de las amenazas de muerte, de los pronunciamientos públicos del Fiscal General Luis Eduardo Montealegre, quien lo amenaza con abrirle un proceso, y de una campaña de publicidad destinada a empañar su reputación, Álvaro Uribe no se ha silenciado. El 3 de octubre, las FARC le enviaron un mensaje en el más puro estilo de Tony Soprano: el mismo día que dos sicarios intentaron asesinar a Silvio Gómez Claro, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de la ciudad de Pitalito, el líder de las FARC, alias “Timochenko”, lanzó esta declaración a través del matutino El Espectador: “Uribe, no se pierda esta oportunidad para la reconciliación”.

Recientemente, el Gobierno y las FARC comenzaron a mostrar que están en desacuerdo en cuanto a cómo las FARC van a pagar sus crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un recordatorio no muy sutil, Timochenko emitió esta advertencia en una entrevista con Telesur: “[Un día] uno de nuestros comandos nos informó que estaba posicionado perfectamente para asesinar al presidente Santos”.  Timochenko agregó enseguida que Alfonso Cano, el ex comandante de las FARC, sólo desactivó eso diciendo que ello no era válido mientras existieran conversaciones de paz.

Es probable que el gobierno Santos ceda ante las últimas demandas de las FARC: la absolución completa de sus crímenes, la no entrega de sus armas y de sus capitales, y la posibilidad de hacer política. En esencia, las FARC se convertirían en un partido político liderado por terroristas, financiado por las ganancias de la droga y respaldado por un ejército de criminales. La posición del gobierno de Estados Unidos ante ese peligroso escenario es preocupante. Bernard Aronson, el enviado americano a las conversaciones de paz, declaró a CM & Noticias: “Nos gustaría bregar con ellos como otro partido político del país”.

Elvia Cortez, Genaro García y Fernando Londoño desafiaron las exigencias de extorsión porque se negaron a renunciar a las libertades fundamentales: a los derechos individuales, a la autonomía de las comunidades locales y a la libertad de expresión y de prensa. Álvaro Uribe se opone a la paz-extorsión de las FARC porque se niega a traicionar los ideales de democracia y justicia de una nación. Estados Unidos debería estar con ellos.

@lia_fowler