Eduardo Mackenzie

El eslabón más diabólico de los acuerdos Santos-Farc tiene un nombre: “justicia especial de paz” (JEP). Sin ese eslabón la nueva configuración política que las Farc y Santos quieren darle a Colombia  se desmoronaría, se hundiría por el peso de su propia ignominia.  ¿Sabe usted por qué tuvieron que darle a esa “justicia” el apelativo de “especial”? Porque se trata de algo nuevo, de algo muy raro,  de algo no visto antes en ningún país libre: una justicia monstruosa. En esa frase, “especial” quiere decir “monstruosa”. Deberíamos por eso darle a ese eslabón clave de los acuerdos de La Habana el apelativo que se merece: “justicia monstruosa de paz” (JMP), o “justicia de la paz monstruosa” (JPM).

La JEP o JPM  es la negación del derecho y la consagración de lo arbitrario. Es la afirmación de la primacía accidental de la violencia sobre la razón y la inocencia.  Un monstruo es un ser vivo de conformación insólita, que suscita el horror por su fealdad, perversidad y crueldad. La JEP es eso: una construcción aberrante, un ultraje a la sociedad. La JEP o, mejor,  la “justicia de la paz monstruosa”, transforma al criminal en juez fanático y a sus víctimas en agresores despiadados que deben ser liquidados física y moralmente.

Por eso la JEP es rechazada por los colombianos, salvo por los verdugos comunistas que la idearon y que la quieren utilizar para erradicar, como hicieron en tantos países, a los militares, a los políticos, a los partidos, grupos,  sindicatos,  intelectuales,  periodistas y clases sociales que ellos catalogan como “enemigos”.

El señor Todd Howland, representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia,  conoce bien ese tema y sabe qué es la justicia verdadera y cuál es la naturaleza real de la atorrante JEP. Su hoja de vida dice que hizo estudios de derecho en la Universidad de Denver y que fue profesor de derechos humanos en la Universidad Hankuk, de Corea del Sur.

Sin embargo, su postura ante los acuerdos Santos-Farc y ante la JEP ha sido vacilante y retraída. Un día aplaude esas cosas y otro día critica algunos detalles. En un momento se atrevió a decir que la JEP contenía  “puntos que no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos” pero no fue más lejos, aunque esa certidumbre ameritaba una explicación de fondo. Esa salida medrosa  le generó, claro, dolores de cabeza. En marzo pasado,  los mamertos comenzaron a urdir intrigas contra él. Lo veían como una amenaza por su actitud tibia ante la urgente  “implementación de los acuerdos”. La prensa recogió rumores que decían que Howland se iría del país. Eso era falso.

Él se quedó en Colombia, pero a qué precio. Hasta ayer el agente de la ONU se destapó. Rompió su parsimonia diplomática y se mostró, por fin,  como un ardiente partidario de los planes de Timochenko y Santrich.

El Mundo, de Medellín informó : Todd Howland manifestó que “la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte del Congreso de la República, es considerada como elemento fundamental para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”

No es la primera vez que Todd Howland conmina a los parlamentarios a ir en cierta dirección como si éstos fueran menores de edad. Los congresistas de Colombia son lo que son, pero ser tratados así por un funcionario extranjero no es digno del país. Un poco más de respeto por Colombia señor Howland.

Esta vez el agente de la ONU les dijo: si no aprueben rápidamente la JEP ustedes violarán “las obligaciones internacionales [de Colombia] en materia de derechos humanos”. Y tras eso les lanzó una orden: aprueben la JEP lo antes posible, dejen a un lado las dilaciones e impulsen “las acciones que sean necesarias para la aprobación e implementación del mecanismo de justicia transicional”.

El tono de Todd Howland  fue perentorio y arrogante. Además, su análisis es debatible.  Él se equivoca cuando sugiere que aprobar la JEP y “garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones” es la misma cosa. En realidad, la JEP niega los derechos humanos y, además, se burla de las víctimas. Para las Farc las únicas víctimas que deben ser tenidas en cuenta son aquellas que ellos consideran como tales, es decir las que se pliegan a sus dictados. Como las que aceptaron recibir en La Habana para que les ofrecieran abrazos de “reconciliación”.

Todd Howland  se hace el ingenuo cuando asegura que la “justicia transicional” –un truco inventado por falsos progresistas occidentales para los países africanos–  abordará correctamente  “el procesamiento de conductas graves, ocurridas en el marco del conflicto armado”, así como “el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades” de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que las Farc cometieron en Colombia. El jurista americano sabe muy bien que las FARC no buscan la verdad, ni la justicia, ni la reconciliación. Howland conoce el mal, el mal absoluto, pues lo vé de cerca en Colombia, y lo vió en Centroamérica, en Ruanda, en el Congo, en Etiopía. Empero, la ideología que él aceptó como guía espiritual en el Centro Carter le impide ser consecuente. La ideología pasa sobre las nociones de derecho y de justicia más elementales. La prueba: en un momento crucial de discusión en el Congreso colombiano sobre los abismos que le abre al país la JEP el lanza su campaña de presión sobre los parlamentarios.

El representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, al realizar tal injerencia, se compromete en materia grave. Los estragos que causará la JEP sobre la democracia, si no la derrumban antes los colombianos,  será la obra de todos sus abogados. Todd Howland  no debería olvidar eso nunca.