Julio 1 de 2017

Una semana después del atentado terrorista que tuvo lugar en un centro comercial de lujo en Bogotá y produjo tres muertos, las autoridades colombianas arrestaron a un grupo de nueve personas a las que acusan de tomar parte en el ataque. Según el gobierno, todos pertenecen a un grupo poco conocido, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Pero las peculiaridades de la investigación y la información divulgada hasta ahora hacen pensar más en un intento de encubrimiento por parte del gobierno que en una efectiva búsqueda de la verdad.

El gobierno descartó en seguida cualquier sospecha que afectara a la banda narcoterrorista FARC, con la que hace poco firmó un llamado “acuerdo de paz”, y al ELN, con el que mantiene negociaciones. Inmediatamente después de la explosión, el presidente Juan Manuel Santos afirmó en Twitter que los responsables eran “los enemigos de la paz”, que es como describe a quienes se oponen a las negociaciones con las FARC y el ELN. Finalmente atribuyeron el ataque a un recién llegado a la escena del terrorismo, pero la investigación se ha apartado en cada fase de las prácticas estándar, y las piezas no encajan.

En una entrevista telefónica que tuvo lugar esta semana, le pedí a Don Borelli que me explicara la metodología típica de una investigación de atentados con bomba. Borelli es un ex funcionario de alto rango del FBI, especializado en lucha contra el terrorismo. Tiene gran experiencia dirigiendo investigaciones de actos terroristas, entre los que se incluye el atentado de 2009 contra el metro de Nueva York y el de la Copa Mundial de 2010 en Uganda, donde lideró un equipo de 60 agentes del FBI que ayudaron a las autoridades ugandesas. Desde que dejó el FBI, Borelli ha prestado asesoría a numerosas entidades de noticias, incluyendo Bloomberg, FOX, CNN y NBC. En respuesta a mi petición, describió las medidas inmediatas que se toman en cualquier investigación para identificar rápidamente a los autores y prevenir nuevos ataques. “Siempre se debe tener en cuenta que hay más gente ahí fuera”, dijo.

Pruebas materiales. Tras marcar un perímetro, y mientras un equipo trabaja para entrevistar a posibles testigos, “lo primero que se necesita es que un equipo capacitado para efectuar investigaciones posteriores a la explosión lleve a cabo un estudio completo del escenario del crimen: que recoja fragmentos de la bomba así como todos los trozos que queden, y además tome muestras de los residuos”, explicó Borelli. “En muchos casos se puede identificar al que hizo la bomba, porque algunos dejan una firma: pueden usar un cierto tipo de alambre o un dispositivo específico de detonación, etc.”

De hecho, como sustento de la hipótesis de que el MRP fue responsable de la explosión, el gobierno afirmó que la bomba del Andino era idéntica a las que usó dicha banda en el pasado. La revista Semana publicó el 24 de junio: “Usaron 800 gramos del explosivo Amonal, el mismo y con idéntica cantidad de la que siempre han usado en todos sus ataques”.

Es una afirmación difícil de creer. En un atentado del 23 de agosto de 2016 atribuido al MRP, los dispositivos detonaron en baños públicos en tres lugares diferentes. Sin embargo, ni una sola lesión resultó de las explosiones, y el daño físico fue mínimo, según El Espectador. En ese momento, el general de policía Hoover Penilla destacó que las explosiones fueron causadas por “un artefacto de muy bajo poder”, según el diario El País. De hecho, ninguna de las explosiones atribuidas al MRP han dejado daños ni lesiones de importancia.

En contraste, la bomba del Centro Andino, que ocurrió dentro de una estructura similar, dejó tres personas muertas y varias heridas, incluyendo una a la que hubo que amputarle un miembro. La onda expansiva fue lo suficientemente grave para causar trauma en el oído a un hombre que presumiblemente estaba fuera del baño, según un comunicado del hospital que trató a algunos de los heridos. Las imágenes del escenario del crimen muestran daños graves en el baño.

Y luego está el cuestionable informe forense sobre los muertos.

“Eso es parte de las pruebas materiales”, explicó Borelli. “La autopsia que se haga a los cadáveres es relevante en un caso criminal, porque si te propones acusar a alguien de homicidio en acto terrorista, tendrás que demostrar que a estas personas las mataron en esa acción; en este caso una bomba.”

Los investigadores colombianos del escenario del crimen y los examinadores forenses tienen suficiente capacitación y experiencia para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por eso es inexplicable que en un informe forense puesto a disposición de noticias RCN se dijera que los cuerpos de las tres víctimas “no tenían rastros de explosivos ni químicos”.

Cuando le pregunté a Borelli si esto era factible, respondió con claridad: “No. Si uno está en un baño en el que estalla una bomba, habrá pruebas materiales en su cuerpo: residuos explosivos, metralla, etc.”, explicó. “Si la bomba lo mata a uno, habrá pruebas materiales en el cuerpo; de lo contrario no estaría muerto.”
Los resultados de una autopsia bien hecha pueden ser importantes para ayudar a identificar o descartar posibles autores. Las pruebas materiales recuperadas de los cuerpos pueden establecer la posición de una víctima con relación a la bomba en el momento de la detonación.

“Las víctimas no están de por sí excluidas de ser sospechosas”, dijo Borelli. “De hecho, muchos mueren al intentar detonar una bomba que ellos u otros han hecho, sobre todo si no dominan el arte de hacer bombas.”

Es difícil saber por qué se quería filtrar lo que sólo puede ser información falsa para la prensa, pero es evidente que eso no contribuye a esclarecer la verdad, por el contrario, sirve para ocultar pruebas ya sean acusatorias o exculpatorias.

Vigilancia electrónica. Mientras un grupo recoge pruebas materiales, otro se ocupa de hacer acopio de los elementos de video y vigilancia electrónica, señaló Borelli.

“Yo intentaría recoger todos los videos que pudiera, no solo de los baños sino también de las entradas, del parqueadero, de todas partes”, explicó. “Quien puso la bomba tuvo que llegar de alguna manera. Se buscan esos videos tan pronto como sea posible para ver si se puede identificar a la persona, y si hay más de una.”

Por ejemplo, en el atentado de la maratón de Boston, el FBI publicó un video de los hermanos Tsarnaev para que la gente ayudara a localizarlos. “En cuestión de minutos, la gente estaba llamando”, dijo Borelli. “Eso es algo que habría que hacer lo antes posible.”

El centro comercial Andino está bajo videovigilancia exhaustiva, tanto por dentro como por fuera. Sin embargo, nunca se hicieron públicos videos ni fotos de los sospechosos. Esto es particularmente preocupante, dado que el MRP fue uno de los grupos señalados desde el principio. En el atentado de agosto y en otros atribuidos al MRP hubo múltiples explosiones el mismo día. Había, por lo tanto, buenas razones para creer que podría haber otros ataques inminentes. Pero no había sensación de estar ante una emergencia ni se tomaron medidas para ayudar a detener rápidamente a los autores.

Cuando le pregunté a Borelli las posibles razones por las que no se publican las pruebas en video, respondió: “Si hay pistas activas realmente buenas, se podría dejar de publicar el video porque tan pronto como éste aparezca, los implicados sabrán que se ha hecho público y correrán a esconderse”.
Sin embargo, “Si después de algunas horas, o tal vez un día, realmente no se tiene nada, ¿por qué no? Se busca que todas las personas que están de nuestra parte ayuden a resolver el caso lo antes posible”.

El gobierno tardó siete días en efectuar las primeras capturas. Ninguna grabación de video se hizo pública. Cualquiera que haya sido la razón política para no publicarlas, debe haber sido importante, más que el riesgo que representaba para el público dejar en libertad durante siete días a los autores.

Más extraño aún, el gobierno, pese a contar con la videovigilancia, se tomó la molestia de crear retratos hablados y los publicó o filtró al público.
“Normalmente se usan retratos hablados porque no hay imágenes de video”, explica Borelli. “No son tan confiables como una imagen real, pues la memoria de la gente no es perfecta.”

Además, “cuando se publica un retrato hablado, se genera una gran cantidad de pistas falsas, lo cual absorbe muchos recursos. Y no hay que perder tiempo ni recursos valiosos en eso”.

Parece que el tiempo no importó mucho en la investigación del atentado del Centro Andino.

Escudriñar en las fuentes de inteligencia. Otra parte importante de la investigación tiene que ver con las fuentes de inteligencia.

“En este punto es donde, ojalá se cuente con un programa de inteligencia efectivo y ya hay algunas buenas fuentes bien situadas”, explicó Borelli. “Por ejemplo, estamos hablando de fuentes de inteligencia en las FARC, el ELN o cualquier otro grupo. Si no hay buenas fuentes humanas de inteligencia, es muy difícil desarrollarlas inmediatamente después de un atentado.”

Aunque no se sabe si se analizaron o se investigaron las fuentes de inteligencia, es un hecho que la recolección de inteligencia por parte del Estado se ha visto gravemente obstaculizada desde la promulgación en abril de 2013 de la ley 1621, que regula las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. La ley prohíbe recoger inteligencia sobre una serie de objetivos, incluidas las personas que pertenecen a grupos de derechos humanos y movimientos políticos. Esto impidió de inmediato a las agencias de inteligencia recolectar información sobre muchos individuos vinculados al terrorismo, incluidos miembros de las FARC, ELN y otros “grupos políticos” radicales, así como las denominadas organizaciones no gubernamentales de “derechos humanos”, que tradicionalmente han apoyado a estos terroristas.

Además, según fuentes de inteligencia, y en aplicación de los acuerdos de La Habana firmados por el gobierno colombiano y las FARC, se ha eliminado de las bases de datos de inteligencia toda la información recabada sobre individuos pertenecientes a esas organizaciones: los mismos que han aterrorizado a Colombia durante décadas y que aún cometen actos de violencia y amenazan.

Investigaciones de fondo. “Hay que llegar a descartar como sospechosos a todos los que se encuentren cerca del escenario del crimen”, explicó Borelli. “Así que se debe investigar a todas las personas que han sido asesinadas o heridas como potenciales autores hasta descartarlos. Hay que ver sus antecedentes.”

Parte de esta investigación de fondo incluye hacer averiguaciones sobre sus viajes, sus contactos y asociados, y sus redes sociales, y entrevistar a sus familiares y amigos.

Pero desde el comienzo de la investigación del atentado del Centro Andino, los gobiernos de Colombia y Francia dieron por sentada la inocencia de las víctimas. Alrededor de la que estaba más cerca de la bomba, la francesa Julie Huynh, que murió al instante, se levantaron sospechas justificadas cuando la información públicamente disponible reveló que estaba asociada con ex-combatientes terroristas y había viajado muy recientemente a Cuba, país cuyo gobierno ha promovido durante décadas el terrorismo de las FARC. Pero los funcionarios y medios colombianos y franceses, así como las FARC, la descartaron inmediatamente como sospechosa. En un tuit del 19 de junio, el embajador de Francia en Colombia Gautier Mignot descartó cualquier sospecha que afectara a Huyhn como “una versión absurda de los hechos”. Fue un comentario particularmente inapropiado porque el gobierno francés se ofreció a cooperar en la investigación, y esa reacción pone en duda su objetividad.

Clima político. El atentado terrorista se produjo en un momento político delicado para el presidente Santos, que pocos días después viajaría a Francia para obtener financiación para su acuerdo de “paz” con las FARC. Era evidente la conveniencia política de absolver de forma inmediata a las FARC y al ELN de cualquier participación en el atentado. Por el mismo motivo, había una motivación política para descartar como sospechosa inmediatamente a la ciudadana francesa. Pero esto se hizo a costa de una investigación objetiva y profesional.
La decisión de Santos de cancelar un viaje a Portugal para “estar al frente de la investigación” tampoco ayudó a aumentar la confianza pública. En circunstancias normales, sería inadecuado que un político tomara parte en una investigación criminal debido a los conflictos de intereses intrínsecos entre los objetivos políticos y los investigativos. La participación de Santos, en concreto, es aún más preocupante, ya que tiene poderes para gobernar por decreto y ya ha usurpado el poder de las ramas legislativa y judicial.

De los nueve detenidos, uno ya ha sido puesto en libertad y luego recapturado. Y la hasta ahora descuidada investigación plantea suficientes dudas para impedir que prospere cualquier proceso contra los demás sospechosos, culpables o no. Lo único cierto en este caso es que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno para ocultar hechos al público. Como resultado, el atentado del Centro Andino será probablemente una atrocidad más que quedará impune en Colombia.

 

*Lia Fowler es periodista estadounidense y ex agente especial del FBI.