En este país salpicado de promesas y de grandes ilusiones que rara vez se cumplen, la opinión pública desconoce métodos propios de la extinta KGB soviética o de la Venezuela de Maduro que agentes de la Fiscalía están aplicando en la sombra. Su búnker, por ejemplo, cumple una función contraria a las garantías que deben dársele a un detenido. Alguna vez vi este lugar. Estrechos corredores y celdas sin ventanas, alumbradas día y noche por tétricas luces que hacen perder la noción del tiempo, logran augurarle al detenido un desesperado porvenir. Es entonces cuando se le ofrecen alentadoras opciones (rebaja sustancial de penas o casa por cárcel) si hace imputaciones que comprometan a figuras de la oposición.

Fue el caso del pirata informático Andrés Sepúlveda. Una vez capturado, una jueza, al no encontrar mérito para detenerlo, ordenó su libertad. Pero otro juez, a instancia de la Fiscalía, ordenó de nuevo su captura. Llevado al búnker, su esposa y un hermano suyo afirmaron que era víctima de bárbaras coacciones para obtener que firmara un documento en el cual aparecía implicada la campaña de Óscar Iván Zuluaga por interceptaciones ilegales (es decir, chuzadas) a miembros de la mesa de negociación en La Habana.

Pues bien, algo parecido está sucediendo con María del Pilar Hurtado. Al tiempo que padece un siniestro encierro en el búnker, se le ofrecen beneficios a cambio de testimonios que comprometan ya sea al expresidente Uribe o a personajes muy cercanos a él. El suyo es un caso muy especial, sembrado de irregularidades judiciales que han sido registradas en el exterior. Una de ellas: su proceso es de única instancia, de modo que en caso de ser condenada, la sentencia vulneraría un principio –el de la doble instancia– contemplado, entre otros instrumentos internacionales de vigilancia jurídica, en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo que muchos ignoran es que la acusación levantada por la Fiscalía contra María del Pilar no contempla hechos de corrupción, homicidios, desapariciones, detenciones ilegales; ni tampoco, pese a lo que se repite en la prensa, chuzadas telefónicas. Mujer pulcra y estricta en el cumplimiento de sus funciones, se limitó a continuar actividades de inteligencia que venían llevándose a cabo de tiempo atrás. ¿Cuáles? Las que en cualquier país amenazado por organizaciones terroristas –sean de la guerrilla o del narcotráfico– exigen el seguimiento de quienes puedan tener algún nexo con ellas. Tales complicidades existen en Colombia. En nuestro mundo político, por quienes comparten con la guerrilla y el chavismo continental la aspiración de imponernos algún día el socialismo del siglo XXI. O por quienes ceden a las ofertas corruptoras del narcotráfico. Lo que resulta insólito es que una medida que en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o España es vista como necesaria para la seguridad nacional, en Colombia se convierta en un delito que merece más de 20 años de prisión.

No se entiende cómo, sin haber condena en contra de María del Pilar Hurtado sino acomodadas sindicaciones de la Fiscalía, el Gobierno aprovecha la salida de Martinelli en Panamá para solicitar que se le retire el asilo, se le anule el pasaporte y, finalmente, obtenga que la Interpol expida la temible circular roja que la convierte en prófuga internacional. No sería raro que, siguiendo la misma línea de arbitrariedad, obtenga que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia –en este caso, juez y parte– dicten una injusta condena con muchos años de cárcel, que solo serían redimidos si ella pone en la picota a Uribe, a José Obdulio Gaviria, a Bernardo Moreno o a César Mauricio Velásquez.

Por este camino, nos alejaremos del rumbo muy limpio que había seguido la justicia colombiana para acercarnos cada día, más y más, a una especie de estalinismo criollo.