Con el caso Petro estamos viendo cómo es la relación entre el comunismo y la ley. La ley es buena cuando conviene a los marxistas y mala cuando es contraria a sus intereses. No hay problema en torcerla, interpretarla amañadamente y difamar a quien tiene que aplicarla. Podemos ver también cómo la ideología está por encima del sentido común, de la prudencia y la lógica. El caso también ha permitido ver cómo son ciertas afinidades.

Se revelaron esta semana videos de testimonios de funcionarios del distrito, algunos antiguos militantes del M-19, que cuentan cómo le advirtieron a Petro, no solamente varios organismos del Estado, sino sus propios funcionarios, que el Acueducto y su filial quebrada, Aguas de Bogotá, carecían del personal idóneo y equipos para recoger las basuras de la ciudad. Pero el odio de Petro hacia la empresa privada que hacía la tarea fue superior a la prudencia y a la lógica. Es lo mismo que vemos en Venezuela donde los gobernantes creen que pueden derogar la ley de la oferta y la demanda y que insultando y atropellando a los comerciantes pueden hacer que los productos aparezcan en los anaqueles y los precios bajen. A Petro, las normas poco le importaron, no sólo en el caso de las basuras, sino en varios otros. La soberbia y la irresponsabilidad fueron sus características, hasta el punto de que se hizo insoportable aun para sus mismos correligionarios del M-19. Pasó por decreto un Plan de Ordenamiento territorial que causará grave daño a la ciudad y al empleo, atrasó el desarrollo de los municipios vecinos y puso en riesgo la posibilidad de construir una vía, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que la ciudad necesita. Afortunadamente, es tal su incompetencia, que no logró desarrollar sus perversos planes de utilizar la zona destinada a la avenida para otras cosas.

Recordemos que utilizó toda suerte de artilugios jurídicos para evitar el referendo revocatorio, pero ahora se declara partidario de las vías electorales. Muchos bogotanos de mala memoria olvidaron los problemas que los afectaron y ahora ven a Petro cómo víctima. Hace unos meses era segura su destitución por referendo, ahora es posible que sobreviva a una votación. Es la utilización abusiva de los recursos legales en contra la democracia.

No es menos interesante ver cómo algunos funcionarios dan vuelta a sus teorías jurídicas según su afinidad ideológica. El actual Fiscal, que sostiene que el Procurador no puede destituir a un funcionario electo, cuando fue viceprocurador no tuvo problema en destituir a Leonor Serrano de Camargo de la gobernación de Cundinamarca. ¿Al Fin cuál es la tesis válida, señor Fiscal? Causa también curiosidad que las opiniones del Fiscal General coinciden con las de las FARC: no tiene que haber cárcel para los responsables de las FARC y  no se puede destituir a Petro. Que las FARC salgan a exigirle al Presidente que no destituya a su aliado ideológico Petro, no es sorpresa. Pero es bueno que la gente vea quienes apoyan al alcalde autoritario.

La suspensión de la destitución del alcalde por el Magistrado José María Armenta, cuya esposa es alta funcionaria del Acueducto, no es sorprendente, pero es vergonzoso. Ya ese magistrado en su momento fue destituido por decisiones que tuvieron carácter político. Fue restituido con ponencia de un amigo. Así es nuestra justicia. Vamos a ver si el resto del Tribunal de Cundinamarca está igualmente contaminado ideológicamente.

Petro es un caso típico de un comunista en el poder: arrogante, irrespetuoso de la ley, vive lleno de odio hacia el sector privado. Es calumniador y difamador y cree que con babas puede cambiar realidades. Es destructivo de la economía y de una ciudad. Petro nos recuerda a Allende, que casi acaba con Chile, a Chávez y Maduro, a los hermanos Castro y a tantos otros. Viven rodeados de compañeros de viaje y de oportunistas que hacen plata a pesar del proceso destructivo. ¿Alguien ha preguntado cómo fue el negocio de los compactadores usados, negociados ilegalmente y sin licitación? ¿Cómo fue el negocio de los nuevos compactadores, que viven dañados? Esperamos que las autoridades correspondientes investiguen esto, porque huele como el contenido de los camiones. ¿Lo hará la Fiscalía? Dudoso, muy dudoso.