El 6 de noviembre de 1985, una alianza entre el Capo del narcotráfico Pablo Escobar y el grupo terrorista M-19 resultó en la toma violenta del Palacio de Justicia en Colombia. El M-19, financiado y armado por Escobar asesinó 15 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 29 civiles y 11 miembros de la Fuerza Pública mediante disparos, granadas y ajusticiamiento. Para Escobar, fue una oportunidad de descarrilar las deliberaciones de la Corte sobre la extradición; para el M-19 fue un golpe de estado fallido, con el cual buscaban establecer en Colombia una dictadura comunista.

La toma fracasó gracias a que las Fuerzas Armadas, al mando del General Armando Arias Cabrales y el Coronel Plazas Vega derrotaron a los terroristas, salvando 263 vidas en la retoma. Pero hoy, 30 años después de los hechos, la alianza entre el narcotráfico, el comunismo y el terrorismo se ha consumado plenamente en el grupo narco-terrorista FARC – y Colombia está a punto de convertirse en un narcoestado fallido.

Las actuales negociaciones de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC dan por descontado que las FARC son solo un grupo insurgente político.  El gobierno ha argumentado – por medio del Fiscal General Eduardo Montealegre – que por este motivo, todas las atrocidades cometidas por el grupo han sido delitos políticos indultables en Colombia. Sin embargo, mientras el Secretariado de las FARC ciertamente quiere establecer un régimen comunista, las FARC son también una exitosa organización criminal – mucho más sofisticada y lucrativa de lo que jamás llegó a ser el Cartel de Escobar.

Según Breitbart News, las FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, con ganancias de aproximadamente $600 millones de dólares al año, provenientes en su mayoría del narcotráfico.  Un reportaje reciente de la DEA indica que las FARC se asocian con los Carteles de México para ingresar al mercado de Estados Unidos. Para entrar al mercado Europeo, forman alianzas con Al-Qaeda, según fuentes periodísticas de España y Marruecos. Es una red global impresionante de terroristas y narcotraficantes.

Eduardo Montealegre y Jaime Bernal Cuéllar

Eduardo Montealegre asegura que las FARC no son ni narcotraficantes ni terroristas (Foto KienYKe)

Pero la Fiscalía de Montealegre sostiene que las FARC no son ni narcotraficantes ni terroristas.  El Presidente Santos hasta pidió a los medios de comunicación que “desescalaran la violencia verbal” y dejaran de usar esos términos al referirse a las FARC.  El argumento de la Fiscalía, tal como lo presentaron en una audiencia de Justicia y Paz en el 2014, es que no existe evidencia que establezca a las FARC como una organización “dedicada exclusivamente al narcotráfico.”  Pero el hecho que también se dediquen al secuestro, la extorsión, la esclavitud sexual, y la minería ilegal no niega las 250 toneladas de cocaína que exportaron en el 2013, según el experto en narcotráfico y terrorismo Diego Corrales; o las más de 300 toneladas que exportaron en el 2014, según la ONU.

Tampoco pueden descontarse las atrocidades que las FARC han cometido para establecer control sobre el negocio de la droga.  La masacre de 34 campesinos perpetrada por las FARC el La Gabarra, en la zona nororiental de Colombia, no podría de ninguna manera calificarse como un delito político de unos luchadores por la libertad.  Según testimonios de dos sobrevivientes en El Tiempo, guerrilleros de las FARC llegaron a un campamento de coca en la madrugada del 15 de junio del 2004.  Acostaron a los trabajadores a la fuerza, los amarraron, y los acribillaron con AK-47s – todo porque el campamento era controlado por paramilitares, sus competidores en el negocio de la droga.

Más bárbara aún fue la masacre de Tarazá, cometida por las FARC en el 2001. Guerrilleros de las FARC amontonaron campesinos dentro de un laboratorio de coca paramilitar y los asesinaron.  Luego incendiaron 17 hogares en el pueblo, según testigos. Once de los cadáveres fueron decapitados y habían sido desmembrados con machete o motosierra.

The FARC’s massacre at Taraza, in December 2001

La brutal masacre cometida por las FARC en  Tarazá, en Diciembre de 2001

Aún así, el Presidente Santos mantiene que el proceso de paz — en el cual los líderes de las FARC no pagarán cárcel y podrán ejercer cargos políticos – acabará con el narcotráfico: “Tenemos una oportunidad de oro,” dijo en una entrevista con el Washington Post, explicando que las FARC ayudarían a persuadir a los campesinos a dejar de cultivar coca – los mismos campesinos que las FARC “persuadió” por décadas a cultivarla.

Los colombianos no están tragando entero. Una encuesta Gallup de noviembre demostró que el 91 por ciento de los colombianos no apoya a las FARC, y 81 por ciento no cree que las FARC dejarán el negocio del narcotráfico.  Esta opinión esta bien fundamentada:  en los cuatro años que llevan negociando la paz, los cultivos de coca han aumentado. Es más, gracias a las tácticas “persuasivas” de las FARC, Colombia volvió a ser el mayor productor de coca del mundo, según un reportaje en el Washington Post. Que significa esto para Estados Unidos? Según el General John Kelly, jefe del Comando Sur de EEUU, las drogas que exportan las FARC resultan en 40,000 muertes anuales en los Estados Unidos.

Entre las reflexiones que hicieron esta semana los colombianos, observando los 30 años de la toma del Palacio de Justicia por el M-19, Jaime Castro, Ministro de Gobierno de ese entonces, dijo en una entrevista: “Si los asaltantes triunfaban, hubiéramos sido un narcoestado.”  Esa posibilidad es más real hoy que nunca: Por medio del actual proceso de paz, avalado por el gobierno Obama, el Presidente Santos esta a punto de entregar el país a una de las organizaciones criminales más brutales del mundo.  Los colombianos no merecen eso.  Los Estados Unidos no deben apoyarlo.

 

@lia_fowler