La humanidad ha ido avanzando en temas de justicia para combatir a los criminales de lesa humanidad. Se han tomado medidas conjuntamente entre las naciones que adhirieron el Tratado de Roma. En la promoción y firma de este tratado acudieron masivamente los autodenominados representantes de la sociedad civil, que no son otros que las Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los derechos humanos –más de 200 ONG-.

El objetivo fue constituir un tribunal –Corte Penal Internacional (CPI)- con jurisdicción global que permitiera castigar a los grandes criminales de la humanidad, que amparados tras el poder o bajo cualquiera forma de terror, que hayan cometido delitos muy graves contra sus pueblos -también llamados delitos internacionales-.

Cuando se lee detenidamente el Tratado de Roma no se encuentra que estén previstos artificios jurídicos tales como “Justicia Transicional” y en ningún caso se habla de “penas alternativas” o de figuras que permitan entender que la justicia se puede manipular a partir de sofismas engañosos, como los que se pretenden adoptar en el proceso de paz que se negocia en La Habana, estafando a todos los colombianos. El Tratado de Roma solo habla de penas de prisión proporcionales a los delitos cometidos.

Después de años de lucha, en el concierto de las naciones se logró definir una corte que eventualmente pudiera castigar a aquellos crimínales contra la humanidad, que por debilidad o complicidad, no fueran castigados en sus países, se trata de la Corte Penal Internacional (CPI), materializada o reglada por lo que se llamó el Estatuto de Roma, deriva su nombre de la Convención de Roma. En teoría, al menos, este se constituyó en un gran paso de la humanidad para castigar a los sátrapas asesinos y esclavistas en cualquier latitud del planeta.

Desde hace meses me he dado a la tarea, en mis tiempos libres, de leer los acuerdos que se han venido firmando (y publicando) con las FARC y precisamente de esa lectura me surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, en materia de “justicia transicional” cuando hablan de “sanciones” y de “movilidad restringida”, ni más ni menos, significan impunidad porque no cabe dentro de las definiciones adoptadas por la CPI. Esta es una de las razones por las que me queda claro que le están torciendo el cuello a las normas nacionales e internacionales, para evitar los castigos a criminales de lesa humanidad, lo cual se constituye en una burla a las víctimas y un atropello a la juridicidad colombiana.

Colombia se acogió al Estatuto de Roma. Para hacerlo suscribió un tratado, este sí internacional y que sin duda si tiene rango de tratado, que por tanto se incorporó al bloque de constitucionalidad previa aprobación del congreso.

Lo paradójico es que se firmó durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, quien mostró una férrea decisión de firmar la paz con el grupo narco-terrorista FARC y que para favorecerlas en pro de posibles indultos o amnistías, dejo una salvedad aplazando la entrada en vigencia 7 años, del Estatuto de Roma, y de esta forma facilitar las negociaciones con las FARC y estas hiciesen tránsito hacia la legalidad como resultado de las negociaciones entabladas en el Caguán pero aplicando la legislación viegente. Las FARC despreciaron esa oportunidad y no quisieron avanzar en el proceso que más bien terminó como una burla al presidente Pastrana y al pueblo colombiano. Lo único bueno fue que se desvelaron y el mundo las vio en su real magnitud: como un grupo terrorista.

Esta actitud Implicaba también el desprecio hacia lo que venía en materia de legislación internacional. A partir del fracaso del Caguán, estas intensificaron su barbarie y las atrocidades contra el pueblo colombiano: Bojayá, el fusilamiento de los 11 diputados del Valle, el atentado al club el Nogal, más de 400 pueblos bombardeados con cilindros bomba, miles de colombianos mutilados y asesinados, entre otros, son una muestra del desprecio por la vida y por las normas nacionales e internacionales.

¿A quien le cabe en la cabeza –expresión que utiliza mucho el Presidente- que los criminales puedan hacer parte de la escogencia de los magistrados que los juzgarán? La CPI actúa cuando los estados no pueden o son incapaces de aplicar justicia a los criminales de lesa humanidad. Pues en Colombia, las Farc, no solo no se presentarán ante la Justicia tradicional debidamente establecida por la constitución, sino que les conformarán un tribunal, elegido entre el gobierno y ellos, que según se lee en los acuerdos publicados, les otorgará descarada impunidad y que, también lo dice, podrá “juzgar” a todo aquel que sea señalado por ellos como actores del conflicto, incluso a expresidentes y a militares, derogando nuevamente los fueros constitucionales.

Cuando dicen que las FARC tienen voluntad de paz porque se someterán a la Constitución, es completamente al contrario, ellos, con la ayuda del gobierno, están sometiendo la Constitución de Colombia.

Ante semejante riesgo, yo votaré NO en el plebiscito y escuchen bien, mi voto no será contra la paz, mi voto será contra lo acordado y con la esperanza de que haya un replanteamiento en algunos puntos, como el de la Justicia.

En adelante no diremos “la justicia es para los de ruana” sino que a “la justicia se la pusieron de ruana.”

NOTA 1: Cuando se firmó la paz contra el M19, quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad, pagaron cárcel. Solo fueron indultados o amnistiados quienes tenían únicamente delitos políticos en su haber.

NOTA 2: De las más de 200 ONG que impulsaron el Tratado de Roma y que “vigilan” los DD.HH. en el mundo, solo Human Rights Whatch se ha pronunciado sobre la impunidad que traen los acuerdos de paz de La Habana. Las demás… brillan por su ausencia.